El conflicto Aviacsa-SCT tomó un nuevo aire. Ayer, el juez Quinto de Distrito de San Luis Potosí, Felipe Sifuentes Servín solicitó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), mediante una resolución, tramitar el reinicio de operaciones de la aerolínea en el espacio aéreo de Estados Unidos.

Sin embargo, para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dependencia a cargo de la DGAC, tal resolución rebasa la competencia de territorialidad, toda vez que la autoridad de aviación en EU es libre de tomar sus decisiones.

“Lo único que podemos hacer, y es nuestra obligación, es proporcionar información, pero no pedir a una autoridad extranjera una resolución determinada”, dijo el director de Asuntos Jurídicos de la dependencia, Gerardo Sánchez Henkel.

En entrevista aclaró que la SCT no había sido notificada de ninguna resolución de parte del juez que derivara en la solicitud para que la DGAC gestionara la reanudación de vuelos de Aviacsa en Estados Unidos.

Incluso, comentó que la suspensión definitiva que otorgó el juez de Ciudad Valles la semana pasada, inhabilita a la autoridad competente para revisar la seguridad de los aviones de Aviacsa, por lo que está suspendida la inspección de sus aeronaves.

Este viernes, se dio a conocer al público, en el expediente de amparo 470/2009, la demanda de la aerolínea para prestar el servicio de transporte aéreo. En este documento, el juez Sifuentes requirió “a las autoridades responsables para que de inmediato cesen la violación a la suspensión concedida” el pasado 11 de junio, misma que autorizó la operación de la aerolínea.

Directivos de Aviacsa argumentan que a petición de la DGAC, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos suspendió los vuelos comerciales de la aerolínea en el espacio aéreo estadounidense el 12 de junio.

Dentro de la nueva resolución, el juez Sifuentes otorgó un plazo máximo de tres días para tener conocimiento de la comunicación entre la máxima autoridad en aviación del país y su homólgo en Estados Unidos.

En tanto, giró un oficio al titular de la PGR y al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional para que informen si cuentan con un experto en aeronáutica, a fin de iniciar un eventual proceso por desacato y abuso de autoridad de parte de la SCT.