En cualquier momento el gobierno de Barack Obama puede avalar una ley que viola el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, aún no sabe qué hacer.

Durante la administración de George Bush se permitió que el transporte de carga mexicano entregara mercancía al cliente final en Estados Unidos, como parte de un programa piloto encaminado a que el vecino del norte atienda las obligaciones que marca el TLCAN. Sin embargo, Estados Unidos incumple desde que se firmó el TLCAN en 1994, y el programa para corregir sus faltas puede desaparecer tras el respaldo del Senado de este país, afirmaron especialistas.

Bajo estas circunstancias “no sabemos todavía qué medidas vamos a tomar”, reconoció el secretario de Economía durante el foro “México: perspectivas y oportunidades económicas en el nuevo entorno mundial”, organizado por la Americas Society and Council of the Americas.

Afirmó que la reacción del gobierno mexicano “tiene que ser una respuesta sensata, inteligente, que se tiene que analizar con mucho cuidado y no hacerlo a botepronto”.

Así, en palabras del responsable de la política comercial de México, se estudia si se aplican o no represalias por violaciones al TLCAN.

Para Gabriel Pérez del Peral, director de la División de Economía de la Universidad Panamericana, el gobierno mexicano tiene otras prioridades.

“La lucha contra el crimen organizado está absorbiendo la atención del gobierno”, aseveró el académico.

En contraste, Mónica Gambriee, investigadora titular del Centro de Investigación sobre América del Norte de la UNAM, consideró que “lo que hace la Secretaría de Economía es muy prudente”.

Susan Segal, presidente de la Americas Society and Council of the Americas, hizo un llamado para que los países cumplan sus compromisos comerciales.

Por otra parte, a través de un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial instó al gobierno federal a “recurrir a las instancias legales internacionales y, de ser necesario, a iniciar procesos de sanción, con el fin de revertir cualquier acción que pretenda obstruir el acceso a los mercados”.