Las nuevas disposiciones para el Registro de Usuarios Celulares representa un gran desafío para los operadores del servicio, debido a que tendrán que establecer diversas medidas comerciales para evitar la cancelación de líneas y, con ello, la pérdida de mercado, de acuerdo con la consultora Everis.

Manuel García, socio responsable de telecomunicaciones de la firma, estableció que es posible que las telefónicas ofrezcan cierta cantidad de minutos gratis o algunas otras realicen promociones para incentivar a sus suscriptores a que acudan a presentar los documentos que exige la normatividad vigente en tiempo y forma.

Las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones aprobadas por el Congreso para el Registro de Usuarios de Celulares implican que todos los clientes que adquieran una línea celular a partir del 10 de abril de este año deberán presentar una identificación oficial, nombre completo, comprobante de domicilio y estampar en el documento de inscripción su huella dactilar.

En tanto que los usuarios ya existentes deberán cumplir con estos requisitos a más tardar el 10 de abril de 2010, o de lo contrario su línea será cancelada sin derecho a reactivación y sin indemnización, detalló Patricia Menéndez, gerente de Telecomunicaciones de Everis.

Ayer se cumplió el plazo para que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) emita las disposiciones administrativas generales para que entre en vigor el decreto del registro de usuarios el próximo 10 de abril, sin que hubiese de por medio una explicación de la autoridad.

Mala experiencia internacional

Menéndez señaló que otros países como España, Venezuela, Perú y Colombia han aplicado un esquema de registro similar, pero sin mucho éxito.

En el caso español, dijo, se dio un plazo de dos años a los operadores para lograr el registro de todos los usuarios de prepago, es decir, el doble que el fijado en México y a ocho meses de que venza este lapso sólo se ha logrado hacerlo con una cuarta parte de los clientes.

En España, los operadores han tenido que incurrir en costos de entre 30 a 50 millones de euros para cumplir con estas disposiciones de seguridad implementadas desde el gobierno español.