El Senado perfila para su aprobación una serie de reformas legales a fin de terminar con el acoso, las amenazas e insultos de personal de empresas que se encargan de realizar la cobranza de créditos bancarios.

La propuesta de adiciones a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en comisiones desde agosto e 2007, forma parte de las prioridades de la bancada del PRI en la Cámara alta y contempla sanciones de 200 a 3 mil días de salario mínimo a las instituciones que presionen a sus deudores.

“Los bancos han sostenido una política de asedio y presión sobre los usuarios de tarjeta de crédito, utilizando para ello a despachos privados. Esta llega a extremos intimidatorios que atentan contra la dignidad de los usuarios”, señala la iniciativa.

Señala que este problema aumentará por la crisis pues datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México revelan que la cartera vencida del crédito al consumo llegó en diciembre a 41 mil millones de pesos, 50% más respecto a 2007.

Estas adiciones, buscan acabar con las actividades de cobranza en detrimento de la dignidad de los deudores “sin que esto signifique un menoscabo en la esfera de derechos de los bancos”.