La fracción del PRD en el Senado propuso crear un programa nacional de infraestructura bancaria. Ante la falta de acceso de la mayoría de la población a servicios financieros, los legisladores plantearon concentrar en el Banco de México la responsabilidad para convocar, diseñar y aplicar un plan que amplíe de manera integral la presencia de la banca privada y de desarrollo en todas las zonas del país.

El instituto central también deberá evitar prácticas discriminatorias; entre éstas se incluye el cobro de comisiones distintas, impedir a los clientes utilizar infraestructura de otras entidades y desalentar el uso o limitar la prestación de un servicio.

Para ello, se requerirán modificaciones a la Ley del Banco de México, de Instituciones de Crédito, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

En el programa de infraestructura se establecerá como meta mínima la presencia de una sucursal en cada municipio con una población igual o mayor a 10 mil habitantes.

En la iniciativa se planteó que el Estado ejercerá la rectoría del sistema bancario, a fin de que éste oriente sus actividades en apoyar y promover el desarrollo y el crecimiento de la economía nacional.

En la exposición de motivos se detalló que una de las grandes deudas de la banca extranjera en México es la ausencia de un compromiso de cobertura nacional que fortalezca la capacidad de intermediación financiera.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), hay cerca de 10 mil oficinas; sin embargo, 81% de los municipios en el país carecen de una sucursal, es decir, 21 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios bancarios.

Los legisladores destacaron que la discriminación y falta de compromiso de las entidades extranjeras se suman a la restricción del crédito, las altas tasas de interés, así como a las elevadas comisiones.