Ante la creciente falsificación de tarjetas de crédito, se obligará a los comercios a exigir la identificación del portador del plástico y a corroborar la firma.

Según la iniciativa que presentó la fracción del PRI en el Senado, la intención es fortalecer la seguridad en el uso de estos medios de pago. En la propuesta también se plantea que para el caso de las autorizaciones por escrito, el comercio tendrá que verificar que la firma autógrafa expuesta al reverso de la tarjeta coincida con la que se plasmó en la autorización.

Para el supuesto de las aprobaciones electrónicas, el usuario deberá introducir su número de identificación personal (NIP) en la terminal bancaria que se instale en el establecimiento. En caso de incumplimiento de las medidas, se aplicarán sanciones.

José Mejía González, legislador priísta, reveló que los delitos con estos instrumentos llegarán a mil millones de pesos en los próximos meses. Alertó que en el país hay más de 7 millones de plásticos susceptibles de ser falsificados y que generarían mermas económicas en los usuarios que podrían ir desde los 2 mil hasta los 100 mil pesos.

El senador denunció que en México no hay una obligación legal por parte de los proveedores de bienes o servicios para verificar si el tenedor de una tarjeta es en realidad el titular; y más aún, en contadas ocasiones se confirma que la firma autógrafa coincida con la del plástico.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), sólo el año pasado la clonación de tarjetas afectó a 35 millones de usuarios, delito que, se calcula, generó pérdidas al sistema bancario por más de 30 millones de dólares.

El legislador reveló que un reducido número de bancos adoptan algunas medidas tendientes a paliar las actividades ilícitas relacionadas con el uso de las tarjetas bancarias, mientras que el resto de las instituciones delegan toda la responsabilidad a sus tarjetahabientes. Entre las acciones de algunas entidades están las sigueintes: los seguros en caso de robo o extravío, fraude electrónico y clonación; los tres delitos con mayor incidencia en el medio de pago electrónico.