Los programas públicos y privados para amortiguar el efecto inflacionario de los alimentos no se han traducido en beneficio para las familias más pobres del país.

Desde la crisis de la tortilla, en 2007, se han puesto en marcha cinco programas nacionales, en acuerdo entre el gobierno federal y la industria de alimentos, a fin de frenar la escalada de precios ocasionada por el alto costo de las materias primas en el mercado internacional.

Sin embargo, el déficit de productividad agroalimentaria y la pérdida del poder adquisitivo de los mexicanos son factores de raíz que los programas no atienden, señaló Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del campo (ANEC). “Nos estamos enfrentando a una condición de graves problemas estructurales”, subrayó.

Entre enero y junio de 2008, las importaciones agroalimentarias se incrementaron en más del doble en comparación con las exportaciones, mientras que el poder adquisitivo de los salarios en México ha disminuido entre 25% y 32% desde enero del año pasado, dijo Suárez.

Juan Antonio Leos, investigador del Departamento de Economía Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo, afirma además que los programas no están enfocados hacia las poblaciones rurales más vulnerables. “En el medio rural es mucho más difícil que estos programas tengan el alcance que en una zona urbana”, dijo el especialista, quien recordó que la mayoría de los pobres del país vive fuera de las ciudades.

Entre las causas de corto alcance de los programas, mencionó la escasez de información en la población rural sobre el nivel adecuado de precios para los productos, lo que merma las denuncias por abusos en los puntos de venta. En las comunidades rurales hay menos tortillerías, menos vigilancia y menos organizaciones populares, añadió.