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La inseguridad pública puede representar un obstáculo importante para el crecimiento de la economía, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) en su publicación semanal.

Ojalá que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que firmaron la semana pasada representantes gubernamentales y de la sociedad, contribuya a generar un mejor ambiente para que la productividad del país mejore sustancialmente, expuso el organismo de la iniciativa privada en su Análisis económico ejecutivo.

De acuerdo con el organismo, la competitividad no sólo responde a los avances en materia de trámites y regulación, sino también prevé aspectos que tienen que ver con el entorno en el que se desarrollan personas y empresas.

Diversos organismos nacionales e internacionales han publicado algunas cifras del impacto económico que tiene la inseguridad en la economía y aunque pueden resultar elevadas en algunos casos, el hecho es que reflejan los altos costos que los habitantes deben enfrentar para contrarrestar los efectos de la delincuencia.

El organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) subraya que un país es mucho más competitivo cuando las empresas e individuos se desarrollan en un ambiente propicio para los negocios.

Sin embargo, advierte la institución empresarial, la inseguridad pública en México ha crecido constantemente y con ello los costos para la población, que no sólo se presentan en el momento en que se enfrentan actividades delictivas, sino antes y después de estos eventos.

Los costos preventivos son todos aquellos en los que personas y empresas invierten para su seguridad, como son la instalación de alarmas, vigilancia privada o cerraduras, y que implica desviar recursos que de otra manera se destinarían a actividades más productivas.

Asimismo, están los costos durante algún evento delictivo, como son los que se pierden en un robo o los pagos de rescate por cualquier tipo de secuestro, y por último están los posteriores al evento delictivo, que pueden también ser considerables.

Evidentemente, los costos que genera la inseguridad son altos y pueden representar algunos puntos del Producto Interno Bruto (PIB) .

Pese a ello, su impacto es más amplio, al considerar que las consecuencias de la delincuencia incluyen la caída en la inversión y, por ende, en la formación de capital, pérdida en la competitividad de la planta productiva y una menor generación de empleos, señala el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.