La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) giró instrucciones al presidente Felipe Calderón para que concrete la renuncia de Gerardo González Abarca y Eduardo Ruíz Vega como integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), encargado de establecer los lineamientos en torno a las concesiones de radio y televisión.

La Suprema Corte le notificó del amparo que ganaron Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous, desde el 24 de junio pasado, y le pide que los convoque para que tomen protesta de su cargo como comisionados, en ejercicio del puesto que les otorgó, en una primera instancia el ex presidente Vicente Fox Quesada, y que después les fue revocado de manera irregular.

En teoría, el presidente Calderón cuenta con 24 horas para acatar y cumplir la sentencia, pero en la práctica, el titular del Ejecutivo puede disponer de los “días que sean razonables” para realizar los cambios, de acuerdo con fuentes del Poder Judicial.

En su sentencia, la Corte aclara —en un caso poco usual— que si Rafael del Villar y Gonzalo Martínez, al final deciden renunciar y no aceptar el cargo de comisionados, el presidente Calderón está en libertad de nombrar a otros comisionados.

Actualmente, Del Villar es subsecretario de Comunicaciones y Transportes, y Martínez es el encargado jurídico de SCT. Ambos, después de conocer la sentencia de la Corte, en junio pasado, ratificaron su decisión de asumir el cargo de comisionados en la Cofetel.

Se concluye que la designación de Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous, como comisionados de la Cofetel, por un lapso de cinco y seis años, respectivamente, se actualizó desde que se emitió el oficio presidencial del 9 de mayo de 2006. Además, se precisa que “los periodos antes referidos deberán contabilizarse a partir del 9 de mayo de 2006, lo que implica que a la fecha de emisión de la presente ejecutoria, ya se ha consumado de manera irreparable una parte de dicho periodo”. Es decir, que el periodo de Del Villar vence el 9 de mayo de 2011 y el de Martínez el 9 de mayo de 2012.

Al haberse declarado inconstitucional la expedición de sus nombramientos —continúa la sentencia—, los terceros perjudicados, Gerardo González Abarca y Eduardo Ruíz Vega, deberán cesar en sus funciones una vez que los quejosos protesten el mismo encargo.