Hoy se cumplen los 60 días que Hugo Chávez, presidente de Venezuela, dio de plazo en su decreto nacionalizador de la industria cementera para que las firmas que participan en su país definan si quieren vender la totalidad de la firma o aceptan como socio a su gobierno.

El anuncio de esta nacionalización se hizo en abril, pero se formalizó con la publicación de un decreto en la Gaceta Oficial de Venezuela el pasado 18 de junio. En el documento se establece que Cemex Venezuela, Holcim Venezuela y Lafarge de Venezuela se transforman en empresas del Estado venezolano, con no menos de 60% de su capital social.

Cemex abarca casi 50% de la producción cementera venezolana, mientras Lafarge y Holcim poseen cerca de 25% cada una.

Hasta el cierre de la edición, Cemex no había emitido una opinión sobre si aceptará la compra de la totalidad de la empresa en el país sudamericano o si continuará operaciones con el gobierno como socio. La vocería en Monterrey declinó precisar si hoy habría un anuncio formal.

El decreto precisó que esas empresas fueron declaradas de utilidad pública y de interés social.

Analistas comentaron que en el consejo de administración de Cemex se evalúa la posibilidad de seguir operando y comercializando el cemento en territorio venezolano, no obstante que sus ventas sólo representan 3% del total de la firma mexicana.

Cemex Venezuela tiene tres plantas de cemento; 29 de producción de concreto; siete canteras para agregados (piedra triturada); 12 centros de distribución terrestre, cuatro terminales marítimas y un desempeño de producción creciente de 26% anual.

De acuerdo con Lorenzo Zambrano, presidente de consejo de la cementera global, la estrategia de diversificación geográfica les permitiría aguantar la nacionalización de sus activos en el país sudamericano.

“Venezuela es sólo una pequeña parte de Cemex Global; esa es la ventaja de estar en diversas partes del mundo; la estrategia de diversificación global nos está funcionando”, dijo en conferencia de prensa el pasado abril.