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Debido a que Telmex y Telcel pertenecen al mismo grupo de interés económico estas empresas realizan una negociación interna para fijar las tarifas que cobrará la empresa celular a otros operadores telefónicos cuando conecten llamadas en su red, determinó la Comisión Federal de Competencia (CFC).
“La pertenencia de Telcel y Telmex al mismo grupo de interés económico ha permitido a la primera establecer las tarifas del servicio relevante (el de la terminación) mediante la negociación interna de convenidos de interconexión, esto es, dentro de dicho grupo”, sostuvo.
Esto es parte de una de las conclusiones que se establecen en un dictamen preliminar que emitió la CFC como resultado de una investigación en la que resolvió que todas las empresas de telefonía celular, Telcel, Iusacell, Unefon y Telefónica (Movistar) tienen poder sustancial en el mercado de terminación de llamadas en sus respectivas redes para la modalidad “el que llama paga”.
Sin embargo, en el caso de Telcel, la CFC señaló que debido a su relación con Telmex existen incentivos para fijar estas tarifas de interconexión por arriba del costo incremental de largo plazo.
Es decir, cuando un usuario de Telmex llama a otro de Telcel que tiene el esquema “el que llama paga”, entonces la telefónica fija traslada a este cliente la tarifa de interconexión que le cobró la empresa celular por terminar la llamada en su red, ingresos que a final de cuentas van al mismo grupo de interés al que pertenecen ambas compañías.
Pero además, esas tarifas acordadas, según la CFC, son ofrecidas por Telcel al resto de sus competidores, con base en criterios de no discriminación.
Destacó que el poder de Telcel para fijar las tarifas por terminación de llamadas en su red por encima del costo incremental de largo plazo se sustenta en su participación de 75.2% del número de líneas móviles, lo cual hace necesario el uso de su red por parte de otros operadores.
Una vez que el órgano antimonopolio emita un dictamen final, si se ratifica, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) tendrá que elaborar una regulación con el fin de que las tarifas de esta parte de la interconexión se reduzcan y con ello que también bajen los precios que se ofrecen al consumidor final.
Las empresas tienen un plazo de 20 días para manifestar lo que a su derecho convenga y después de esto la CFC publicará la resolución definitiva.