ramiro.lucero@eluniversal.com.mxVicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), dijo que no se sentarán con otras organizaciones empresariales a negociar precios de alimentos. De lo contrario, se atentaría contra el libre mercado que rige la economía nacional y se provocarían daños colaterales como escasez, mercados negros y consumidores mal atendidos.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Yáñez opinió que el mejor apoyo para las clases más pobres debe proceder del gobierno federal mediante el fomento al consumo inteligente; así como el fortalecimiento de los programas de asistencia social como Oportunidades.
Yáñez ofreció la red comercial privada de ANTAD para “canalizar con mayor eficiencia en costos y transparencia apoyos sociales en zonas urbanas y semiurbanas a través de tarjetas electrónicas, que ya se tienen”.
El directivo dijo que ANTAD estaría dispuesta a distribuir medicamentos, procedentes del gobierno federal, a las zonas donde el organismo tenga presencia.
El jueves de la semana pasada ANTAD se reunió con el presidente Felipe Calderón para tratar el tema del alza mundial de los alimentos básicos.
El compromiso, en palabras de Yáñez, fue “garantizar el abasto de alimentos y moderar o hacer frente, hasta donde sea posible, las tendencias de precios”.
Se le dijo al Presidente que se deben seguir privilegiando mecanismos del libre mercado, “no vayamos a caer en esas tentaciones populistas de algunos partidos políticos y de algunos actores políticos que están pidiendo controles de precios”, expresó Yáñez.
Las acciones deben minimizar “los costos de transacción, reducir barreras no arancelarias, disminuir aranceles de insumos y productos terminados; todos estos mecanismo son bajas de costos y bajas de precios finales.
Plan anticíclico no beneficiará a municipios pobres: CEESP
El Centro de Estudios Económicos del Sector Empresarial (CEESP) informó que, debido a la falta de específicaciones del programa anticíclico puesto en marcha por el gobierno federal, los municipios más pobres quedarían al margen de los beneficios.
Debido a que los municipios más regazados del país no cuentan con infraestructura básica para la operación de unidades productivas, las inversiones del sector empresarial se orientarían a los municipios más aptos.
