arturo.zarate@eluniversal.com.mxPara alcanzar la modernización de Pemex, el grupo parlamentario del PRI acepta la celebración de alianzas estratégicas y la modificación de la ley reglamentaria, revela un documento del Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado, que hace un análisis de la propuesta priísta.
El documento precisa que las alianzas estratégicas se promoverían en un primer nivel, que se refiere al estratégico, con empresas estatales de otros países que disponen de las tecnologías y que no condicionan su transferencia a asociaciones consideradas riesgosas.
“En un segundo nivel, será posible pensar en la definición de segmentos de coparticipación con el sector privado, en las áreas no estratégicas ni prioritarias, susceptibles de agregar valor a la materia prima, por ejemplo transporte y distribución de petrolíferos, instalación de ductos y refinerías”, dice el texto. Se trata de un documento de 40 páginas titulado Situación y perspectivas de los hidrocarburos en México, que resume lo que los diversos actores y principales partidos han expresado sobre el tema.
En el caso del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado, subtitula su posición como Propuesta modernizadora y soberanía energética del GPPRI.
Sobre la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con particulares, la información destaca que “implica la promoción de adecuaciones a la legislación reglamentaria para fortalecer a la empresa pública y definir con precisión las áreas en las que estas alianzas serían susceptibles de llevarse a cabo, así como las condiciones para hacerlo”.
Lo que no señala el documento es la posibilidad de que se modifique la Constitución. Por el contrario, subraya como principio básico “salvaguardar en sus términos el artículo 27” de la Carta Magna.
Prevalece el interés nacional
Lo que se busca, según el estudio, es garantizar al país un aprovechamiento más racional y eficiente de la explotación de los recursos a su disposición, y a partir de ello, participar a nivel mundial, en condiciones en las que prevalezca el interés nacional.
Para garantizar la soberanía y seguridad energética, considera necesario combinar diferentes medidas: la explotación y aprovechamiento más racional de los hidrocarburos, la recomposición de plataformas de exportación con énfasis en productos exportables con valor agregado, la elevación sustancial de los índices de restitución y recuperación de reservas, y la incursión en las mejores tecnologías para aprovechar al máximo todo el potencial en aguas superficiales, profundas y recuperación de yacimientos maduros continentales.
También buscaría acortar la brecha que tiene el país en materia de tecnología para estar en condiciones óptimas a mediano plazo, no sólo reducir la dependencia que hoy se tiene, sino incluso, de compartir o exportar tecnología.
