fpedrero@eluniversal.com.mxLa Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que impuso a Líneas Aéreas Azteca una multa por 4 millones 513 mil 200 pesos, ante inclumplimiento del servicio ya pagado, lo que representa una de las sanciones económicas más elevadas aplicadas a una empresa mexicana.
En conferencia de prensa, Antonio Morales de la Peña, titular de Profeco, aclaró que dicha multa es independiente de la acción de grupo que presentó el organismo en los tribunales judiciales, cuya fase de desahogo de pruebas está por concluir y pasar a la instrucción, donde un juez dictaminará antes del 15 de noviembre una sentencia para obligar a la aerolínea a que reembolse a los afectados, que podría derivar en un embargo de bienes de esa firma que fundó Leonardo Sánchez Ávalos y que hoy está en disputa con sus socios y en la antesala de la revocación de su concesión.
El 11 de octubre la SCT y la Dirección General de Aeronáutica Civil iniciaron el procedimiento de revocación de la concesión de Líneas Aéreas Azteca.
“Se tuvo que llegar a esta multa debido a que desde el pasado 23 de julio Líneas Aéreas Azteca no se ha presentado a comparecer a las oficinas centrales”, detalló.
Comentó que en un intento por resolver la problemática se diseñaron de forma conjunta algunos esquemas para resarcir el daño a los pasajeros; incluso se pensó en compensar a los usuarios a través de pagos semanales de 400 mil pesos a partir del 30 de julio, pero esa propuesta no se concretó.
Afirmó que al día de hoy Líneas Aéreas Azteca sólo reembolsó el costo de los boletos de avión y resolvió las quejas de 11 pasajeros, de un total de 2 mil 739, cuyo monto de lo reclamado asciende a más de 7 millones 400 mil pesos.
El procurador del Consumidor destacó que para evitar este tipo de conflictos en un futuro y ante la reincidencia de casos de suspensión de operaciones de aerolíneas como Air Madrid y Aerocalifornia, además de Líneas Aéreas Azteca, la Profeco, conjuntamente con las secretarías de Comunicaciones y Transportes y Turismo, trabaja en la elaboración de un mecanismo que permita garantizar el pago a los usuarios afectados.
