El sector privado del país lamentó que en la reforma fiscal presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión no se haya considerado la aplicación de un impuesto general que amplíe la base de contribuyentes y a la vez elimine regímenes de excepción."Consideramos que el impuesto general hubiera sido el camino correcto, pero desgraciadamente no lo contiene la reforma", manifestó Armando Paredes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Consideró que la reforma fiscal no debe ser recaudatoria, sino que debe contener elementos de eficiencia del gasto, una reducción del aparato público.
Asimismo, dijo que debe tomar en cuenta la aplicación de candados que propicien una mayor eficiencia de dicho gasto, a fin de tener un mayor impacto en programas de infraestructura, salud, educación y de distribución de la riqueza en su conjunto.
Por su parte, Enrique Castillo Sánchez-Mejorada, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), explicó que la propuesta de gravar con 2% los depósitos en efectivo que excedan 20 mil pesos mensuales representarán un reto operativo y tecnológico para los bancos, en caso de aprobarse la propuesta del gobierno.
A su vez, Víctor Cámara, socio de impuestos corporativos de KPMG, explicó que la iniciativa del presidente Felipe Calderón de cobrar impuestos a través de bancos agudiza la tendencia de la administración pública federal de usar el sistema financiero para captar recursos.
"Actualmente ya lo hace cuando los bancos aplican una retención en cuanto a los intereses reales que obtienes por tus rendimientos", expuso.
"Esto se agudizará con el gravamen de 2% a la informalidad y el control que se pretende hacer a aquellos montos que sobrepasen un millón de pesos", añadió.
Enrique Castillo comentó que los miembros de la ABM está analizando la iniciativa fiscal enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión, para ver si tiene la suficiente capacidad operativa para cumplir con los retos que plantea.
Según el banquero, la ABM se manifiesta en favor de fiscalizar la economía informal y ven con buenos ojos la propuesta de reforma.
Miguel Marón Manzur, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), reconoció que en caso de que se aplique el Impuesto a la Tasa Única (ITU) el principal problema para las empresas será la forma de llevar a cabo las deducciones.
"Más que pagar mayores impuestos, el problema será lo engorroso y lo costoso de cumplir con más trámites", sostuvo.
Ismael Plascencia, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), reconoció el interés del Ejecutivo de fortalecer las finanzas gubernamentales a través del aumento en los ingresos tributarios, pero también lo es asegurar una mejor y más transparente distribución de los mismos, así como disponer de un eficiente sistema para la rendición de cuentas.
Víctor Keller, presidente del Colegio de Contadores Públicos de México, destacó que la propuesta no beneficia a los contribuyentes y no genera ni simplificación ni certeza jurídica, y sí obliga a una fiscalización innecesaria del contribuyente cautivo.
