Hoy se votará en el pleno del Senado el punto de acuerdo que pospondrá 90 días la entrada en vigor del Programa Piloto de Autotransporte Fronterizo de Carga, que debió entrar en operaciones el lunes.Ayer se reunieron Tirso Martínez, presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Carga (Canacar); Manuel Rodríguez, subsecretario de Transporte de la SCT, y el senador Ángel Heladio Aguirre, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Martínez explicó que antes de iniciar el programa deben otorgarse garantías para la recuperación de inversiones, estímulos fiscales a las empresas participantes, así como la creación de un parque de remolques (hoy día más de 90% de los que están en la frontera pertenecen a firmas estadounidenses, según Canacar) que se arrenden a las empresas participantes.
"Ese programa es un experimento, no está contemplado dentro de las cláusulas del TLCAN, por lo que no podemos invertir en armar una flota o comprar seguros para los camiones. Por eso proponemos diversas vías que funcionarían durante el tiempo que dure el programa. Queremos que el riesgo sea compartido con el gobierno, porque ¿qué pasa si en un año Estados Unidos decide no abrir su frontera a los transportistas mexicanos? Perderíamos esas inversiones", explicó el líder de Canacar.
Por su parte, la SCT se comprometió a llevar a cabo la negociación con los estadounidenses para la fecha de inicio del Programa Piloto.
"El secretario encabezará las negociaciones con su homólogo norteamericano para canalizar las inquietudes de autotransportistas mexicanos, principalmente en los temas relacionados con equidad y operación de la frontera", aseguró la dependencia en un comunicado.
De acuerdo a la SCT, desde el 23 de febrero, poco más de 800 empresas manifestaron su interés por participar. De éstas, se calcula que son 222 las que pueden cumplir con todos los aspectos para incorporarse; 24 empresas ya están aprobadas, lo que implica 117 vehículos, y 47 más ya cuentan con el prerregistro ante el Departamento de Transporte de EU.
Rodríguez Aguerri dijo que "las peticiones de algunos autotransportistas son legítimas, pero no necesariamente posibles ya que dependen no sólo de la voluntad del gobierno mexicano, sino también del estadounidense".
