Las finanzas públicas de México tienen una debilidad estructural fundamental, que es su elevada dependencia de los ingresos petroleros, además de que pesan sobre la economía una enorme deuda y pasivos contingentes, por lo que urge un mayor control, así como incrementar los ingresos y reasignar mejor el gasto público para no afectar el equilibrio fiscal y dar viabilidad de largo plazo al país, alertó Mario Rodarte, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).Rodarte aseveró que la estabilidad ha sido insuficiente para promover el desarrollo, por lo que se requiere un reordenamiento de los programas sociales y de inversión física, en el que participen el gobierno y el Congreso, con el objeto de identificar aquellos que cumplan con elevar el desarrollo de manera eficiente, y con el resultado de dicha evaluación concentrar en ellos los recursos de los programas que no cumplen eficazmente, de aquellos que representan desperdicios o que concentran los beneficios en los menos necesitados.
Destacó que es urgente que los gobiernos federal, estatales y municipales, conjuntamente con el Congreso, concreten la evaluación cuidadosa de todos los programas de gasto público para contribuir al crecimiento elevado y sostenido de la economía, lo que conllevaría a la desaparición de algunos para el fortalecimiento de otros, como el de Oportunidades, que han resultado ser más eficaces que aquellos que se basan en subsidios generalizados como el del apoyo a adultos mayores o el de Liconsa.
Luego de presentar el estudio Reordenar el gasto público y elevar su eficiencia como estrategia integral de la reforma fiscal ante un grupo de economistas, diputados y autoridades de la Secretaría de Hacienda, también comentó que se requiere analizar otros programas dirigidos al campo, a la educación y a la salud de los mexicanos, a fin de redirigir el presupuesto y los beneficios hacia los grupos de ingresos más bajos.
En materia de salud, sugirió, México debería adoptar esquemas similares a los que operan en otras partes del mundo, donde el financiamiento siga a los pacientes, es decir, que los derechohabientes puedan elegir el lugar y los servicios médicos, generando mayor equidad y eficiencia en la asignación de los recursos a la salud pública en México.
Respecto del campo, manifestó que es imperativo evaluar los programas de apoyo para determinar si verdaderamente contribuyen al desarrollo equilibrado del mismo, y determinar si apoyan a los hogares de menores ingresos. "Los que no contribuyan al desarrollo y combate a la pobreza deben desaparecer", dijo.
"Independientemente del criterio de progresividad que se establezca para los impuestos, es claro que para un país como México lo más conveniente es que el gasto público sea regresivo; esto es, que favorezca más a los que menos tienen, por lo que se deben evaluar los programas y, en su caso, reasignar el gasto hacia aquellos que sean más eficaces", destacó el directivo del CEESP.
Asevera que una reforma fiscal que no considere estos cambios y reasignación del gasto social no es entendible en una economía como la mexicana.
