En 2006, las transferencias procedentes de la Unión Americana sumaron cerca de 24 mil millones de dólares; estos recursos significan la segunda fuente de divisas para el país, incluso, por encima de la inversión extranjera directa y la actividad turística.

El documento que se turnó al análisis de las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, establece la necesidad de que Hacienda, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) asuman su responsabilidad e instrumenten reglas para atender esta problemática.

El proyecto determina que será el banco central el que emitirá las circulares, reglas y acuerdos administrativos a los que se someterán las empresas de envíos.

Además, Banxico tendrá bajo su cargo el padrón nacional de los participantes y determinará una tarifa máxima por cada transferencia, así como el tipo de cambio.

La iniciativa expone que las compañías que presten el servicio desde el extranjero y que operen en el país tendrán la obligación cada semestre de rendir un informe detallado al Banco de México sobre las transacciones y sus montos.

Además, responsabiliza a las remesadoras ante cualquier conducta irregular de sus empleados, comisionistas o representantes, al apoderarse o retener para sí o un tercero el importe de los depósitos de los connacionales.

Y advierte que en caso de violación a las disposiciones administrativas, el instituto central hará la denuncia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que imponga las sanciones. Incluso, expone que los sobreprecios en los cargos que se fijen o cualquier otra conducta que provoque daño o perjuicio patrimonial al usuario, se penalizará conforme a las reglas que contempla el título 22, relativas al fraude genérico, que se describen en el Código Penal Federal.