A su vez, los cineastas expusieron a los legisladores que los gobiernos de EU y Canadá financiaban hasta 450 y 50 películas al año, respectivamente, por lo que plantearon la necesidad de competir en igualdad de circunstancias.

En 2005 se modificó el artículo 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el cual plantea el otorgamiento de un estímulo fiscal a las personas físicas o empresas, consistente en la acreditación de 10% del gravamen, monto que podrán usar para invertir en producciones cinematográficas nacionales. Para el ejercicio 2006, la inversión total no excederá de 500 millones de pesos anuales.

Sin embargo, los cineastas manifiestan su inconformidad y argumentan que funcionarios del SAT interpretan a su conveniencia y violan la disposición emanada del poder legislativo, por lo que en próximas fechas darán a conocer las medidas que tomarán al respecto.

El secretario ejecutivo del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), Víctor Ugalde, señala que mediante este estímulo, en lo que va del año 34 contribuyentes impulsaron 24 películas con un inversión aproximada de 242 millones de pesos.

Sin embargo, desde su punto de vista, la ley fue redactada por la Secretaría de Hacienda de tal forma que los huecos en su estructura pueden prestarse a distintas interpretaciones, lo que afecta a los inversionistas y los productores cinematográficos.

Ugalde declara que Hacienda boicotea verbalmente el estímulo al cine, ya que desde hace varios días que cada vez que un contribuyente interesado en invertir sus impuestos en el cine llaman a una oficina recaudadora del Sistema de Administración Tributaria (SAT) no se les informa adecuadamente

Advierte que podrían ir al Tribunal Fiscal de la Federación para expresar que el subsecretario de Ingresos de Hacienda, Rubén Aguirre, está boicoteando un espíritu de incremento a la producción nacional al cine que se estableció por ley.

"En Hacienda pierde 80% de los casos, cuando son berrinches, el tribunal fiscal termina por darle la razón a quien la tiene", asegura.

De acuerdo con el cineasta Pedro Araneda, las empresas podrán acercarse a productores con proyectos aprobados por el Fidecine e invertir en la industria cinematográfica, lo que aclara, no se trata de un donativo, "es mucho mejor que eso, es un dinero que tendrías que darle al gobierno en impuestos pero entras como socio accionista de la película".

En cuanto a las reglas de operación determinadas legalmente, Araneda indica que cada empresa podrá aportar hasta 50 millones de pesos (mdp) por ISR, a su vez, de esa cantidad no podrá rebasar los 20 mdp por película. El inversionista aportará hasta 80% de la inversión de una película y el otro 20% el productor.

Sin embargo, Araneda sostiene que el cine es un negocio de alto riesgo, pero con esta disposición fiscal, se minimiza: "Hay algunas películas que se hacen y que no llegan a las salas comerciales, otras si lo hacen pero no recuperan. Lo que aporten las empresas no es de su capital, sino de sus impuestos, lo peor que puede pasar es que ganen dinero".

EL UNIVERSAL buscó a la Secretaría de Hacienda, pero no se obtuvo respuesta de la dependencia.