A cambio, se logró dotar de mayores herramientas de fiscalización al Sistema de Administración Tributaria (SAT), aumentar las multas de 20% a 30% en caso de incumplimiento de las contribuciones y presentar declaraciones mensuales.

Carlos Cárdenas Guzmán, presidente del Comité Nacional de Estudios Fiscales del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), explicó que los nuevos mecanismos que tendrá el SAT le permitirán rastrear "en donde sea" a los evasores.

Puso de ejemplo que en el caso de una persona física que lleve actividades productivas (vendedores ambulantes) y no se haya dado de alta ante Hacienda, y por consiguiente carezca de un domicilio fiscal, las nuevas atribuciones le permitirán "pescar a los evasores en cualquier parte donde realicen esas operaciones, sea su negocio o en su misma casa".

Otro ejemplo es que si una persona física no está registrada en el Registro Federal de Contribuyentes y sus depósitos en sus cuentas de cheques superan los 200 mil pesos, estos recursos pueden considerarse como ingresos no declarados y ahí aplicarse la ley y las respectivas multas.

Asimismo, señaló que los cambios que se realizaron al Código incluyen frenar la evasión fiscal que asciende a 125 mil 610 millones de pesos anuales.

José Luis Barraza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expresó que luego de este intenso cabildeo se logró "arrancar" el compromiso de eliminar de la iniciativa aspectos dañinos que, de aprobarse, hubieran creado incertidumbre jurídica e incumplimiento de los compromisos fiscales.