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Política industrial y de desarrollo


Política industrial y de desarrollo

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Martes 23 de abril de 2013 Julio A. Millán | El Universal
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En la economía mexicana, como ocurre en cualquier economía más o menos desarrollada, el sector industrial ha provocado efectos destacables sobre la productividad, la competitividad y, obviamente, sobre el crecimiento, el ingreso y el bienestar. Al menos desde los setentas, la industria manufacturera ha contribuido en la formación del valor agregado, en el comercio exterior y en el empleo. Es indudable que este sector se ha convertido en una de las columnas vertebrales del crecimiento económico, el desarrollo tecnológico y científico y, a partir de la apertura comercial, de las exportaciones.

Las manufacturas han demostrado ser uno de los sectores más dinámicos y son una parte significativa del producto total y del empleo en el país. En particular, a partir de iniciada la apertura comercial el desempeño de la industria se toma como uno de los elementos relevantes que determinan el patrón de crecimiento y se asocia, al mismo tiempo, con la eficiencia general del sistema económico en cuanto a competitividad y generación de un mayor nivel de bienestar vía la ocupación y obtención de ingresos.

A lo largo de la historia económica reciente, la economía mexicana ha mostrado signos críticos debido a una casi ineludible vulnerabilidad a la incertidumbre internacional, pero fundamentalmente por la subyacente debilidad estructural interna.

Los efectos de la crisis sobre el sector industrial, en especial en la exportación de manufacturas, se debieron a tres factores: 1) existe una dependencia histórica de la producción, sobre todo de maquiladoras, de la demanda en EU; 2) hay una relación asimétrica muy pronunciada entre ambas economías; y 3) el modelo maquilador se ha visto limitado porque las ventajas comparativas en las que se basaba han sido superadas: mano de obra barata, preferencias arancelarias vía el TLC y apreciación del tipo de cambio.

Ahora bien a estas restricciones estructurales que no se han podido superar, le podemos agregar una cuarta mucho más trascendente y lo que tiene implicancias en materia de política pública, en particular bajo escenarios de ralentización o bien de crisis económica. La apertura a la globalización sin una contundente estrategia de desarrollo representada por la política industrial.

El resultado ha sido evidente y nos ha cobrado la factura: la desarticulación de las cadenas productivas internas. Abrirnos el exterior no fue una política de desarrollo, sino de contención del desequilibrio interno que se provocó a raíz de la crisis de la deuda de los años ochenta. Lo logrado en términos de industrialización del sector productivo fue superado por la importación de productos e insumos más baratos, se contuvo la inflación en efecto, pero a costa de volvernos un país menos productivo internamente.

La ausencia de política industrial en nuestro país, por el contrario, ha beneficiado la importación de insumos y bienes finales, a través de una política de desregulación y desprotección arancelaria indiscriminada, y el uso del tipo de cambio como ancla antiinflacionaria y no como válvula reguladora de los desequilibrios externos.

Recientemente la nueva administración federal ha replanteado la instrumentación de una política industrial.

La política industrial debe ser horizontal, flexible, dinámica y de largo plazo.

Nuestro país ha transitado de la etapa de la sustitución de importaciones a la de atracción de inversiones, con un énfasis importante en la inversión extranjera, recursos que no han creado un vínculo con la industria nacional, por la falta de acciones dirigidas a una verdadera absorción tecnológica que nos permita, como en el caso de Corea, avanzar en nuestro propio desarrollo tecnológico.

La oportunidad de avanzar en el desarrollo económico está presente. La estrategia debe ser bidireccional, crecer hacia adentro sin desatender el comercio exterior. Ello se logra con mayor encadenamiento de procesos productivos que agreguen valor a las exportaciones mediante la innovación y el fortalecimiento de las pymes, no mediante medidas artificiales como compras gubernamentales, sino a través del crédito, inversión, eficiencia regulatoria e incentivos fiscales.

Si bien es de reconocerse que la nueva administración ponga el interés en la política industrial, lo que es lamentable es que cada sexenio se haga lo mismo. La política industrial debe ser una política de desarrollo, por lo tanto de Estado y de largo plazo. El horizonte de acción es amplio, y los objetivos claros: crecimiento sostenido, generador de empleo y bienestar.

 

* Presidente de Consultores Internacionales, S.C.



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