El gobierno federal trazó una ruta crítica para enfrentar el conflicto magisterial en el estado de Morelos.

De entrada, señaló la Secretaría de Gobernación, se usará la fuerza pública para impedir que los maestros tomen las vías de comunicación y no se suspenderán las órdenes judiciales iniciadas contra los docentes que bloquearon las carreteras.

Tampoco, recalcó, se accederá a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores la Educación (CNTE), que exige la destitución de Elba Esther Gordillo como dirigente del SNTE; la derogación de la ley del ISSSTE ni de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), porque no está en la “cancha” del gobierno federal cumplir con esas exigencias.

Gobernación indicó que autoridades federales y estatales trabajan para que la situación en Morelos no escale a un conflicto social como en 2006, con la sección 22 de maestros en Oaxaca, que paralizaron más de seis meses la ciudad y dio origen al surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Para no interferir con el ciclo escolar, se cuenta con 500 escuelas funcionando, se comenzó la contratación de muevas plazas de profesores y desde hace un par de semanas se suspendió el pago de salarios de los docentes en paro.

La crisis en Morelos fue abordada con el gabinete de seguridad, que se reunió en Gobernación.

Por separado, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, recibió a Josefina Vázquez Mota, titular de la SEP, y vía telefónica dialogó con el gobernador Marco Antonio Adame, para evaluar la situación en la entidad.

Con Vázquez Mota se insistió en la necesidad de mejorar la estrategia de comunicación de la alianza, porque es necesario que toda la población conozca las bondades de este proyecto.

Se pidió que cada actor haga lo que tenga que hacer en el marco de sus facultades, qué se revise la relación entre el gobierno estatal y los maestros, y entre el sindicato y sus liderazgos internos.

Lo que quedó fuera, es la remoción de la líder del SNTE, y la derogación de la Ley del ISSSTE y de la ACE. “Esa no es jurisdicción del gobierno federal”.