La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitará al gobierno de Jalisco un informe sobre el origen del donativo de 30 millones de pesos que hizo el gobernador Emilio González Márquez para la construcción del santuario de los mártires mexicanos.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, Antonio Ortega Martínez, informó en entrevista que solicitó al titular de la ASF, Arturo González de Aragón, formular la petición correspondiente al mandatario estatal.

Comentó que hace dos semanas firmó una solicitud dirigida al auditor superior de la Federación para que, mediante el principio del informe de situación excepcional, se pidiera al gobernador de Jalisco información sobre el origen de esos recursos.

Ortega Martínez aclaró que es facultad de la ASF solicitar a una entidad un informe de situación excepcional, cuando se ejerce en el año en que todavía no se realiza la revisión del ejercicio del gasto público correspondiente.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) manifestó que espera que la próxima semana ya se tenga información sobre los recursos que donó el mandatario jalisciense para la construcción del citado santuario católico.

Si hay ilícitos se procederá

Si se comprueba que fueron desviados recursos públicos otorgados por la Federación, se tendrán que presentar las denuncias de hechos correspondientes ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR).

El Congreso de Jalisco tendría que iniciar una demanda de juicio político contra Emilio González Márquez, a fin de que pudiera ser procesado por la dependencia correspondiente, toda vez que el gobernador de Jalisco goza de fuero constitucional.

Por otra parte, informó que el próximo martes el presidente Felipe Calderón Hinojosa encabezará una reunión en la que firmará el oficio por el que solicita publicar en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales en materia de fiscalización aprobadas en 2007.

Ortega Martínez resaltó que se trata de cuatro artículos que amplían las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, para que este órgano de fiscalización pueda aplicar sanciones a quien desvíe recursos públicos. (Notimex)