Fuentes de la Dirección de Prevención y Readaptación Social de Michoacán informaron que junto con los dos mandos, este sábado fueron ingresados al penal cuatro sujetos más, entre ellos una mujer.

Los seis recluidos forman parte del grupo de 10 personas detenidas el pasado miércoles en el restaurante bar La Estrellita, ubicado en la carretera Nocupétaro-Carácuaro, como presuntos responsables del ataque a militares, la noche del martes cuando murieron cinco soldados, aunque de esto nada se les ha comprobado.

Sin embargo, hasta ayer, la Procuraduría General de la República (PGR) mantenía absoluto hermetismo sobre la situación legal de los más de 40 detenidos durante las acciones que se desarrollan desde hace cinco días para dar con los responsables de la muerte de los militares.

No obstante, casi la mitad de todos los arrestados se encuentran ya en libertad, luego de que no se les ha encontrado relación con el caso.

Continúa la tensión

Este domingo, la región michoacana de Tierra Caliente permanecía bajo tensión por la incursión de militares en diversos poblados en busca de los responsables de la emboscada.

La más reciente ocurrió en la comunidad de Cancita, donde toda la población -según la propia denuncia de sus moradores-, fue sometida por los soldados y agentes federales.

Al filo de las 19:30 horas del sábado, al menos seis helicópteros militares aterrizaron en Cancita, cuando todo el pueblo celebraba la fiesta de la fundación de esta comunidad de no más de 2 mil personas. Simultáneamente, por tierra, camiones del Ejército y de la policía hicieron su aparición por las polvorientas calles de este lugar.

La gente que se encontraba reunida en uno de los corrales donde se realizaba un jaripeo, fue obligada a no moverse de ahí sin permiso expreso de los soldados. El mando militar que coordinó esa acción, según relatan habitantes de este lugar, ordenó que hombres y mujeres fueran separados para su "revisión".

Todos los varones que se encontraban en el pueblo fueron reunidos en una de las calles y obligados a tirarse al suelo con las manos en la nuca. Les pidieron a todos entregar el armamento, drogas y denunciar a los narcotraficantes que habitan en esta comunidad.

Algunos de ellos fueron obligados a ir hasta sus casas, donde debieron mostrar todas sus pertenencias o papeles de sus vehículos, en caso de que los tuvieran.

"Esta gente del gobierno y que se portó muy mal", relató Laura Rueda, quien organizó el jaripeo, durante el operativo los soldados se llevaron 50 mil pesos de su casa, dijo.

A ninguno de los hombres que fueron sometidos aquí se le trasladó o detuvo. Ni los militares ni los policías encontraron armas o pruebas que los vinculaba al grupo armado que participó en la muerte de los cinco soldados el martes pasado.

A su vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) continúa recibiendo denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de militares y policías en la zona donde se han realizado operativos para ubicar a los asesinos de los soldados.

Ayer, Eduardo Sánchez Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), arremetió contra Marco Antonio García Galindo e Ismael Garduño Ortega, ediles de Nocupétaro y Carácuaro, respectivamente, quienes pidieron la salida del Ejército mexicano de ambos municipios. "No es válido que después de que el Ejército mexicano está actuando, los presidentes se estén quejando, sobre todo cuando su desempeño para garantizar la seguridad pública es cuestionable", dijo el empresario.

A su vez, Ricardo Rubí Bustamente, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, confió en que las quejas de los munícipes no entorpezcan las investigaciones.