El polvo llamado inerte y que según expertos evita que el carbón haga una combustión con el metano provenía de las paredes de toda la mina. La situación era preocupante. Para entonces la noticia de que 65 mineros quedaron atrapados se expandía e incluso salía del país.

Los que estuvieron cerca del tratamiento del caso de los mineros de la ocho aseguran que la presión de las familias de las víctimas provocó que se actuara rápido para introducir decenas de cuadrillas de rescate para intentar sacar lo más pronto posible a los que quedaron atrapados.

Sólo dos días el gobierno estatal estuvo a cargo de los trabajos, después el gobierno federal, en manos del secretario del Trabajo y Previsión Social lo arrebató.

Entonces comenzaron los encuentros ríspidos. Incluso Javier Rodríguez, un minero familiar de una de las víctimas, desde ese día proponía que se comenzara a perforar. Le argumentaron que de hacerse existía el riesgo de que al contacto con el oxígeno el metano podría provocar una nueva explosión. Pero lo proponía porque sabía que con tal explosión si estaban vivos había que sacarlos lo más pronto posible.

"Lo que dijeron ahora de que era imposible de que sobrevivieran ya se sabía, pero si de entrada lo hubieran dicho al segundo día y ya ni siquiera estaríamos aquí. Era preferible saber lo que ocurrió y ya", dijo el hombre.

"Era tanta la presión de las familias y de los medios que se descuidaron los aspectos técnicos. Lanzaron rápido a las cuadrillas de rescate" , dice el ex presidente municipal de Nueva Rosita, Francisco Javier Cruz, en referencia a lo que ocurrió cuando el gobierno federal tomó el control.

Dice que todo se convirtió en una bomba de tiempo, y que lo malo es que no se tomaron en cuenta los antecedentes como el caso de la mina seis de Nueva Rosita en el que después de la explosión varias personas que corrieron a auxiliar murieron en un segundo estallido. "La mina se convirtió en una fosa común". El ex presidente municipal que estuvo todo tiempo cerca de las reuniones para saber cuáles eran las mejores opciones para intentar rescatar a los 65 mineros, dice también que nunca debieron meter a las cuadrillas de rescate porque existía el riesgo de otra explosión.

Hoy se sabe por las valoraciones de los expertos que la concentración de metano que alcanzó la mina estaba arriba de 52%. Y los mineros sólo pueden trabajar al 1%.

Pero en cada conferencia de prensa que ofrecieron los representantes del gobierno federal decían que iban lentos, que el trabajo era riesgoso.

Por eso el gobernador Humberto Moreira insistía junto con varios de los familiares que se dijera lo que pasaba realmente. Que era mejor. Según otros funcionarios que no quisieron revelar sus nombres, el representante del gobierno federal, Francisco Javier Salazar, decía que sí y a la hora de dar la información "se andaba por las ramas".

"Siempre hubo misterio, sigilo, se encerraban por horas y cada vez decían que hablarían con la verdad, pero no fue así", dijo otra fuente.

El presidente actual de San Juan de Sabines, Óscar Ríos, dijo que "con su actitud el gobierno federal los estaba corriendo del lugar". El cerco de militares y policías federales no le dejaba mentir. Cada vez restringieron más el acceso. Incluso a muchos colaboradores del gobierno local se les dificultaba entrar a la zona del desastre. La bocamina fue tapada con telas y también el tramo que lleva de ésta a las oficinas para impedir que se viera las operaciones.

La agonía se prolongó hasta ayer, dos días después de que se tomó la decisión de perforar como lo había propuesto el minero Jesús. Debieron decir la verdad. "No acababa de decir mentiras", dijo Aída Griselda Farías, una de las familiares de la víctimas. Tuvieron que llegar los expertos de Estados Unidos para determinar la suspensión de los trabajos de rescate y decir que ante la magnitud de la explosión nadie quedaría vivo. "Estuvieron muertos todo el tiempo sólo que no lo quisieron decir", confesó otra fuente.