Reportan incremento de delitos electorales en Oaxaca

En 10 meses de 2017, se incrementaron en 229 por ciento los delitos penales electorales en el estado de Oaxaca con respecto a los registrados en los dos años anteriores en los que hubo un proceso electoral local ordinario, según datos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electoral (Fepade).

El estado, de enero a octubre de este año, se colocó en la posición número cuatro de las entidades con mayor número de carpetas de investigación iniciadas, por debajo del Estado de México con 420, Ciudad de México con 203 y Veracruz con 106.

Durante este periodo, en Oaxaca se abrieron 85 carpetas de investigación por delitos penales electorales y al ponderar por número de habitantes, tiene una de las tasas de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes de 2.14, la quinta más alta del país.

Además, es un estado calificado en números rojos por la Fepade a causa de la incidencia en este tipo de delitos. Por tasa, en la primera posición se encuentran Nayarit con 3.05, Estado de México con 2.59, Coahuila con 2.30 y Ciudad de México 2.8.

La cifra de delitos electorales por carpetas de investigación se disparó en la entidad, si compara con las averiguaciones previas y carpetas de investigación en los años 2015 y 2016, donde se iniciaron 35 y 37 respectivamente.

Incluso, días antes del inicio del proceso electoral 2017-2018 que arrancó el 6 de septiembre pasado en que se elegirá a presidente de la república, diputados federales, senadores, diputados locales y concejales a los ayuntamientos en 152 municipios de Oaxaca que se rigen por el sistema de partidos políticos.

El ex titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo

, aseguró que este tipo de ilícitos en Oaxaca estuvieron relacionados en su mayoría con el condicionamiento de programas sociales y el peculado electoral, es decir, la malversación de recursos públicos o apropiación indebida de los recursos públicos para utilizarlos con fines electorales. Este último, fue más recurrente según declaró en el año 2016, cuando también se denunció el desvío de recursos.

Para el ex fiscal, el qué tiene más poder comete más delitos y comete más actos de corrupción. “Esto no es un asunto ideológico, es un asunto de poder, de referencias tácticas. ¿Dónde se encuentran los casos mayores relacionados con corrupción y quiénes los cometen o están señalados?: depende del partido que gobierne”, explicó.

Por ejemplo, dijo que las mayores denuncias contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) provienen del Estado de México y de entidades dónde gobernó, como Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua; contra el Partido Acción Nacional (PAN), proceden del estado de Puebla, contra el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de la Ciudad de México y sobre todo de la delegación Coyoacán; del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de municipios que gobernó en Veracruz y el Estado de México; y finalmente, las denuncias contra el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del estado de Chiapas.

“Es un tema del ejercicio del Poder”, recalcó, “si los demás partidos tuvieran mayor presencia, seguramente tendrían mayor incidencia delictiva”.

Santiago Nieto precisó que al 30 de septiembre de 2017, el 11.52 por ciento de los casos estaban relacionados con corrupción de naturaleza electoral.

Mientras que quienes cometen estos delitos, según las denuncias integradas en las carpetas de investigación, el 26 por ciento servidores públicos municipales, 20 por ciento servidores públicos estatales, 19 servidores públicos a federales y tres por ciento funcionarios de naturaleza partidista.

Hay un bloque que es desconocido, es decir, donde no se cuenta con datos completos respecto quién es la persona que cometió la conducta delictiva.

De las 85 carpetas de investigación abiertas en la Fepade sobre delitos penales electorales en Oaxaca, la Fepade detalla 25 expedientes están relacionados en materia de corrupción.

Estos casos se refieren a la coacción, inducción o amenazas a subordinados para que participen en eventos proselitistas, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición; el condicionamiento de programas sociales o la prestación de un servicio público; destinar, utilizar o permitir la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tengan a sus disposición, entre otros.

En el estado, también se tiene una investigación abierta relacionada con el recibimiento o utilización de dinero o financiamiento ilícito.

Este delito previsto en el artículo 15 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que estable como ilícito el que “una persona realice, destine, utiliza o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, cuando exista una prohibición legal para ello o, cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen lo permitido por la Ley”.

Además, este año se tiene una carpeta de investigación abierta por el delito de discriminación; una por robo o usurpación de identidad mediante la credencial de votar con fotografía y cuatro por violencia política de género.

De acuerdo con la Fepade, de enero a octubre de 2017 se consignó una averiguación previa y se ejerció acción penal contra tres inculpados.

Esta cifra representa un reducción respecto a años anteriores: mientras que en el 2015 se consignaron dos averiguaciones previas y se ejerció acción penal contra cuatro inculpados, en el 2016 se consignaron 18 y se ejerció acción penal contra un total de 34 personas.

La Fepade asegura que en el periodo en mención de este año se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en el estado.

En número globales --datos de todas las entidades del país de 2017-- el PRI encabeza la lista por número de inculpados con un total de 97, le siguen PAN con 48, Morena 29, PRD 12, Encuentro Social 10, PT y Partido Verde 5, y otros que resultaron con inculpados menor a cinco.

En total, en los meses de referencia de este año, la Fepade inició 198 expedientes en materia de corrupción por la probable comisión de un delito electoral; de estos, los que se refieren a la utilización ilícita de recursos públicos agrupa el 46.5% del total.

afcl