Familiares del ex agente, Luis Alberto Aguilar Morales, detenido por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, del penal de máxima seguridad El Altiplano, el 11 de julio de 2015, pidieron su libertad, por considerar que está “injustamente preso”.

Rocío Guadalupe Figueroa dijo que el día de la fuga, su hermano y 11 policías más estaban en el área de videovigilancia, con cámaras sin acceso a audio. Eran 68 los detenidos y sólo quedan 12, explicó.

Inicialmente, Luis Alberto Aguilar Morales, originario de Cintalapa, Chiapas, fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12, de Guanajuato, acusado del delito de evasión de reos y omisión del Código Rojo, pero quedó en libertad por falta de pruebas y se reincorporó a su trabajo.

Meses después la Procuraduría General de la República (PGR) apeló la sentencia, al argumentar que tiene en su poder 109 videos que inculpan a Aguilar Morales y a sus compañeros.

Entonces Luis Alberto fue reaprehendido y trasladado al penal de Tepic, Nayarit. Un nuevo abogado que tomó el caso en noviembre de 2017 solicitó la aplicación de medidas cautelares para el chiapaneco, con el fin de que no tenga prisión preventiva, sino que desde su domicilio siga el proceso, acuda a visitas médicas y al finalizar el caso pueda regresar a su trabajo.

Los hermanos, padres y esposa del detenido tienen que viajar desde Cintalapa y Tapachula, Chiapas, para visitarlo en el penal, en un trayecto de casi mil 900 kilómetros de distancia y que puede demorarse hasta 40 horas, aunque podría prolongarse hasta por una semana, debido a los trámites en el Juzgado Cuarto de Toluca.

Actualmente la familia del agente federal elabora queso y pan para poder costear los honorarios del abogado, los viajes a la Ciudad de México, Toluca y Nayarit, y enviarle dinero a Luis Alberto para la compra de algunos productos de la tienda del reclusorio.

Las líneas de investigación por este caso se cerraron, pero las familias de los 12 detenidos han presentado en su defensa cartas del comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, y del comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, en las que avalan el trabajo de los detenidos.

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