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A ocho días de terminar la administración estatal, el Congreso de Coahuila autorizó por mayoría de votos la propuesta del gobernador Rubén Moreira de otorgar 81 fiats notariales, entre los que se encuentran funcionarios moreiristas.

Entre algunos de los 81 nuevos notarios destacan Juan Pablo Alvarado Cepeda, ex coordinador Jurídico de la Secretaría de Finanzas; Jorge Alberto Bermea Gonzáles, delegado de la Defensoría Pública en la región Carbonífera; Laura Marcela Cano Torralva, presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje y hermana de la diputada Georgina Cano.

Se encuentran nombres de actuales secretarios del gabinete como Emilio Darwich, procurador de Protección al Medio Ambiente; Carlos García Vega, exsecretario de Juventud; Federico Garza, titular de la Unidad de los Derechos Humanos del Gobierno del Estado; Luz Elena Morales Núñez, secretaria de las Mujeres y Ramón Verduzco Arguelles, director general del Registro Público de la Propiedad de Coahuila. También está la priísta Ana Gabriela Fernández, alcaldesa de Nava. Están figuras polémicas como la de Gregorio Pérez Mata, ex presidente del Poder Judicial del Estado y principal cabeza cuando ocurrió el fraude de Ficrea que afectó a trabajadores.

Asimismo, Rodrigo Hernández González, jurídico del PRI y representante del partido ante órganos electorales; María de Lourdes Quintero, quien perdió recientemente una elección a diputado local.

El Congreso aprobó los nuevos fiats con 16 votos a favor, cinco en contra (del Partido Acción Nacional y de la Unidad Democrática de Coahuila) y una abstención.

Con las nuevas patentes notariales, Coahuila tendrá más de 380 notarios, más de 12.6 por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio en el país es de 3.3 según la Comisión Federal de Competencia.

Según el Artículo 70 de la Ley del Notariado en Coahuila el Ejecutivo del Estado procurará que exista un notario por cada 20 mil habitantes. Sin embargo, si se cumpliera la propia ley, debería haber 150 notarios, en cambio, con los recién nombrados, habrá en el estado un notario por cada 7 mil 900 habitantes.

PAN se amparará. El PAN anunció que dentro de los próximos 15 días presentarán un amparo para que en un juicio de garantías se anule el decreto y, por lo tanto, se echen abajo estas notarías.

Jesús de León Tello, líder de la bancada panista, mencionó que ya solicitaron copia certificada de los 81 expedientes de las personas que propuso el Ejecutivo. Señaló que en los nuevos notarios se encuentran nombres de personas que no tienen ni la vocación, conocimientos ni experiencia para desarrollar una función tan importante.

Refirió que el artículo 76 de la Ley del Notariado del Estado de establece que para poder ser notario es importante que anteriormente se hayan aprobado como aspirantes mediante un examen de oposición o la dispensa del Ejecutivo, más el pago de los derechos correspondientes, sin embargo ninguno de los diputados cuenta con esos documentos.

Por su parte, la diputada panista Lariza Montiel Luis, enfatizó en que la reunión de Comisión para revisar el listado se realizó a escasas horas del inicio de la sesión y no se convocó a la totalidad de los miembros del Pleno para revisar los expedientes de cada propuesta y acreditar que cumplieron los requisitos de ley.

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