Ligan a sector privado y público en reconstrucción

Entra en vigor decreto para regular el funcionamiento de "Unidos por Morelos"; órgano desaparecerá cuando la reedificación culmine en la entidad
Entre las actividades de "Unidos por Morelos" se encuentra empadronar a las personas afectadas y los daños ocasionados a su entorno, determinando la estrategia estatal a seguir para ejecutar las acciones para su atención. (CORTESÍA)
07/10/2017
01:23
Justino Miranda / Corresponsal
Cuernavaca
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Ayer entró en vigor el decreto expedido por el gobernador Graco Ramírez, que crea y regula el funcionamiento del órgano desconcentrado denominado “Unidos por Morelos”, mismo que fue publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad.

“Unidos por Morelos” —establece el decreto—, tiene como objeto implementar las acciones para la reconstrucción de las zonas afectadas por el pasado sismo a través de la autoconstrucción, la participación ciudadana y la atención prioritaria, vinculando las necesidades de la población afectada con los sectores público, privado y social; operará a través de un Comité Técnico, un Coordinador Operativo y uno Técnico.

“La expedición del instrumento está vinculada con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, publicado el 27 de marzo de 2013, que en el eje rector fija como objetivo estratégico garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos; como estrategia para ello, brindar atención médica prehospitalaria y de rescate de manera oportuna y eficiente a la población que enfrenta situaciones de riesgo por catástrofes, desastres naturales, siniestros o accidentes”, dice el decreto gubernamental.

Entre las actividades de “Unidos por Morelos” se encuentra empadronar a las personas afectadas y los daños ocasionados a su entorno, determinando la estrategia estatal a seguir para ejecutar las acciones para su atención, así como vincular las necesidades sociales con los programas y proyectos a cargo de las distintas instituciones públicas y privadas, “estableciendo directrices adicionales a las exigencias normativas para garantizar la transparencia en la administración y manejo de los recursos públicos destinados a la reconstrucción, así como criterios para la priorización del gasto público”, se cita en el documento.

Para ello, subraya el acuerdo, se creó un Comité Técnico que garantice la transparencia y certeza en los ciudadanos, respetando su derecho a la información pública, vigilando que no tengan cabida actos de corrupción o irregularidades, ya que, aparte de que no tendrán tolerancia, serán perseguidos y sancionados.

Para brindar esta certeza, cada una de las actuaciones serán sujetas al principio de máxima publicidad que prevé la legislación en la materia de transparencia gubernamental; además, el manejo y disposición de los recursos económicos serán transparentados y publicados en internet con el formato de datos abiertos y así se renuncia en su caso a la secrecía bancaria.

También se aplicarán los estándares y recomendaciones que se han recibido en materia de transparencia, en especial, aquellas provenientes de organizaciones de la sociedad civil que se han dedicado al combate de la corrupción en la República.

La Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social será la encargada de llevar a cabo el monitoreo y la evaluación de la estrategia estatal y las acciones del órgano, en términos de la normativa aplicable.

El órgano desconcentrado únicamente desaparecerá una vez que los trabajos y acciones de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas se hayan culminado en la entidad, en cuyo caso se publicará la abrogación, concluye el decreto.

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