San Luis Potosí.— La es un tesoro natural de la zona centro de San Luis Potosí. Sus imponentes cerros abarcan los municipios de Mexquitic de Carmona, la capital del estado, Villa de Reyes y Villa de Arriaga.

El 13 de diciembre de 2021 fue declarada Área Natural Protegida (ANP), con carácter de Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, preservando 111 mil 160 hectáreas de la zona.

En entrevista para EL UNIVERSAL, activistas que forman parte de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito indicaron que si bien la declaratoria ha ayudado a proteger el área natural de la urbanización, y a preservarla, el no ha parado.

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Activista señala que si bien la declaratoria como ANP ha ayudado a proteger el área natural de la urbanización y a preservarla, el acoso inmobiliario no ha parado. Fotos: de Valeria Regil
Activista señala que si bien la declaratoria como ANP ha ayudado a proteger el área natural de la urbanización y a preservarla, el acoso inmobiliario no ha parado. Fotos: de Valeria Regil

Comuneros vs inmobiliarias

En 2018 la Sierra de San Miguelito fue declarada Área Natural Protegida, pero sólo a nivel estatal, protegiendo solamente una porción de 12 mil 613.47 hectáreas, hecho que resultaba insuficiente.

“Era un decreto que dejaba todas las comunidades que se pretendían urbanizar fuera de la zona protegida (...); prácticamente era un decreto mediocre, un decreto hecho por gente que tenía la intención de justificar un “área de protección”, pero solventar todo el proceso de urbanización.

Finalmente, ese decreto quedó como letra muerta porque fue absorbido por el decreto nacional”, señaló un integrante de Guardianes de la Sierra de San Miguelito, quien pidió el anonimato por motivos de seguridad.

Explicó que previo a esta declaratoria nacional existía un “trabajo sucio” por parte de las inmobiliarias para convencer a las 37 comunidades que residen en la Sierra de San Miguelito de otorgarles sus tierras para poder ejecutar sus proyectos.

Sin embargo, llegó la declaratoria de 2021 y aunque algunas comunidades aún no estaban convencidas, comenzaron a ver los beneficios.

“Los habitantes de esas comunidades están viendo que el decreto ni les quitó la tierra ni los despojó ni les está prohibiendo hacer sus actividades económicas de toda la vida. Lo que evitó el decreto fue la urbanización residencial y evitó que proyectos como la minería o proyectos de impacto letal afectaran este tema de la protección del ecosistema”, expuso el activista.

Desde la implementación de la declaratoria se ha percibido una mejora en cuanto a la conservación del territorio, pues se han desarrollado una serie de decretos que buscan cuidar la flora y la fauna que habita en el lugar, en cuanto a conservación del suelo y de especies en riesgo.

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Diversas comunidades y activistas se encuentran al pie del cañón para defender la Sierra de San Miguelito. Fotos de: Valeria Regil
Diversas comunidades y activistas se encuentran al pie del cañón para defender la Sierra de San Miguelito. Fotos de: Valeria Regil

Peligros que enfrenta la Sierra

El integrante de Guardianes de la Sierra de San Miguelito explicó que la sierra se enfrenta actualmente a dos grandes peligros: los incendios forestales y el acoso inmobiliario, que perdura pese a la declaración de ANP.

En cuanto a los incendios, señaló que hubo una mejor movilización en el siniestro ocurrido este año, pues se afectaron alrededor de 80 hectáreas, cuando en el incendio de 2019 se afectaron alrededor de 11 mil.

“El gobierno federal sí le entró con todo y pudo lograr prevenir que el incendio creciera mucho más de lo que pudo haber sido. También, algo importante, ahí hay comunidades que han estado trabajando el tema preventivo, que es fundamental para evitar este tipo de siniestros”.

En cuanto al acoso inmobiliario actual, señaló que hay determinaciones judiciales contra el decreto que son de alto riesgo para la preservación de la Sierra de San Miguelito. Por esto mismo, diversas comunidades y activistas se encuentran al pie del cañón para su defensa.

“Los fraccionadores quieren destruir el decreto, hay un intento permanente de acabarlo y te puedo decir que el litigio que existe, pues sí tiene niveles de peligro y de riesgo (...) hay una estrategia permanente de los grupos por destruir el decreto en tres núcleos de población y eso les ha tenido un resultado relativo, porque actualmente ya se encuentran esos trámites en revisión, probablemente se vayan a la Corte, pero son muy peligrosos.”

Uno de los ejemplos clave de este acoso inmobiliario fue el año pasado, cuando se pretendía construir un edificio en los límites de la ANP, donde antes era el ejido Garita de Jalisco.

“Esas máquinas estaban creando la infraestructura, los cimientos de un edificio de 14 pisos, exactamente en los límites del área natural, pero resulta que se metieron un cachito en San Juan de Guadalupe, abrieron más allá, y la Profepa inició procedimiento y ya se pararon”.

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