Ganan 17 clientes amparo por cajas de seguridad

En Cancún, la SEIDO no podrá abrir espacios donde guardan sus pertenencias; tampoco trasladar los cofres a otra entidad, afirman
Alrededor de 300 clientes de la empresa FNS de cajas de seguridad se reunieron con Santiago Ancona, dueño de la firma, para buscar una solución ante la posibilidad de que sus objetos sean trasladados a otro estado. (ADRIANA VARILLAS. EL UNIVERSAL)
01/11/2017
02:03
Adriana Varillas / corresponsal
Cancún.
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Unos 17 clientes de la empresa Firts Nacional Security (FNS) ganaron un amparo para que las cajas donde guardan sus bienes no sean abiertas ni se trasladen fuera de Cancún, dada la incautación de la empresa por elementos de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), la madrugada del pasado 9 de octubre.

Alfredo Cuéllar, abogado de FNS, dijo que 40 clientes promovieron un juicio de amparo en el Juzgado Séptimo de Distrito para que sus pertenencias no sean tocadas: “De éstos, entre 15 y 17 lograron la suspensión provisional del acto reclamado”.

El dictamen indica que “se concede la suspensión provisional para el efecto de que no sean abiertas las cajas de seguridad ni se trasladen a un lugar distinto del que se encuentran, pues de hacerlo, al no existir en este tipo de contratos un inventario de los bienes contenidos en las cajas, se corre el riesgo de que al abrirlas los objetos se pierdan y no se pueda saber lo que las cajas contenían”.

Cuéllar insistió en que el recurso sólo aplica para quienes lo presentaron, por lo que mil 460 cajas son susceptibles aún de ser trasladadas por la SEIDO a la Ciudad de México.

Sin informes. Una investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) a First National Security, empresa especializada en el arrendamiento de cajas de seguridad, impide —desde el pasado 9 de octubre— que mil 500 personas recuperen sus bienes económicos, a pesar de que no todas forman parte de la investigación federal.

El abogado Alfredo Cuéllar señaló que a la fecha nadie les ha explicado el porqué de la incautación del inmueble, aunque se presume que la indagatoria nació en Puebla, donde meses atrás fue capturada Leticia Rodríguez, Doña Lety, líder de un cártel de la delincuencia organizada, quien presuntamente habría declarado que poseía cajas de seguridad de FNS.

Santiago Ancona, dueño de FNS, ha dicho que no conoce a la imputada, como no conoce a la mayoría de las personas que rentan el espacio.

“No la conocemos, no la conozco”, dijo en una reunión con más de 300 afectados, ante quienes se asumió como “el más perjudicado”.

“El más perjudicado soy yo porque mi negocio se acabó. Ustedes al menos recuperarán sus cosas, pero a mí me han desbaratado totalmente un negocio levantado desde hace 26 años”, expresó.

Los abogados de la empresa coinciden en que no hay modo de saber si la investigación nació a partir de las supuestas declaraciones de Leticia Rodríguez, pues todo parte de la siguiente conjetura: El papel con la leyenda FED/ SEIDO/ UEIDCS-PUE/ 0000740/ 2017, que la autoridad pegó en el lugar, desde el aseguramiento, indica que la investigación es conducida por la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud, en Puebla, en donde capturaron a Doña Lety.

Señalan que existe otra versión que liga la investigación al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, preso en Panamá desde junio pasado, quien tenía rentadas una o varias cajas y que la autoridad estaba indagando qué guardaba en ellas.

El problema, explica Alfredo Cuéllar, es que se desconoce hasta el juzgado federal y el nombre del juez que giró la probable orden de aseguramiento. Añadió que tampoco hay modo de saber quiénes conforman la totalidad de los clientes ni sus identidades, porque la SEIDO tomó documentación y las listas con sus nombres, lo que incluso imposibilitó contactarlos para notificarles.

Mientras, un grupo de clientes mantiene una suerte de campamento que bloquea el tránsito frente a Plaza América, donde se ubican las instalaciones de la empresa que les renta las cajas, para estar pendientes de sus bienes; otros han recurrido a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQROO), para interponer una queja.

El ómbudsman estatal, Harley Sosa, informó que han recibido 80 quejas en contra de la PGR y de la SEIDO, por probables violaciones a sus derechos humanos, específicamente a los de propiedad y privacidad.

 

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