La Fiscalía General del Estado (FGJE) solicitó al Congreso del Estado el desafuero de la alcaldesa de Oxchuc, María Gloria Sánchez Gómez y de integrantes del cabildo, para iniciar una investigación en su contra por hechos violentos cometidos en ese municipio indígena de la región Altos de Chiapas.

La Legislatura local informó que la Comisión Permanente recibió un oficio del titular de la Fiscalía, Raciel López Salazar “quien presentó una investigación ministerial en contra de Sánchez Gómez, del síndico y regidores”.

La Fiscalía “solicita al Congreso de Chiapas iniciar lo que para estos casos establece la ley para la declaración de procedencia”, indicó.

La solicitud de desafuero fue turnada a la Comisión de Justicia que determinará si existen elementos legales para retirar “la protección del fuero legal” a la alcaldesa, y estableció que este sábado será la audiencia para escucharla en declaraciones.

Enmedio de la creciente tensión política-social y de riesgos de nuevos enfrentamientos, la presidenta constitucional de El pasado 7 de febrero, Sánchez Gómez y su cabildo pidieron al gobierno la apertura urgente de una mesa de diálogo, con su contraparte encabezada por Oscar Gómez López, en Tuxtla Gutiérrez para buscar solución al conflicto que se remonta a más de dos años, y en la cual intermedie el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla.

El último enfrentamiento en Oxhcuc fue el pasado 24 de enero, en el cual murieron tres lugareños, una veintena de heridos, viviendas y vehículos destruidos y quemados; aunque la intermitencia de la violencia mantiene fuera de clases desde el 8 de enero a más de 2 mil 500 estudiantes de niveles de preescolar a educación universitaria de la cabecera municipal.

La población no dispone de servicio de recolección de basura y se mantiene una caseta de cobro ilegal de cuotas que afecta la tranquilidad y el tránsito de las regiones selva y altos.

En ese contexto de violencia política -poselectoral ,Sánchez Gómez hizo un llamado urgente al gobernador Manuel Velasco Coello, al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida , a organismos de derechos humanos en Chiapas, el país y el extranjero, para que se busquen alternativas mediante el diálogo negociador entre autoridades federales, estatales, el ayuntamiento constitucional de Oxchuc y la Comisión Permanente de Paz y Justicia.

Desde hace dos años continúa el conflicto, y el mecanismo para resolverlo es que ambas partes” nos sentemos a la mesa para buscar solución, lo cual sí es posible, como se planteó ya en la Secretaria General de Gobierno de Chiapas, siempre y cuando nos sienten los que somos parte del problema”, enfatizó.

Considero que no ha habido solución porque las partes no se han sentado ni puesto enfrente; “nos llaman por separado desde hace dos años”, no obstante que cuando la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reintegró en el cargo, en enero de 2017, planteó “ que nos sentaran y hubiera diálogo de ambas partes, pese a las diferencias , donde la contraparte tiene diferencias políticas y demanda a creación de una delegación municipal y el régimen político- electoral por usos y costumbres”, a lo cual no hay oposición, afirmó María Gloria.

Las demandas sociales, aseguro, tienen solución pero ésta no puede originarse de una sola parte, sino de ambas y de las autoridades competentes para alcanzar un resultado efectivo.

La alcaldesa itinerante, ya que despacha en San Cristóbal de lasCasas y en algunas comunidades de Oxchuc a las cuales puede acceder, ha rechazado reiteradamente que sea la responsable de propiciar los enfrentamientos, y argumenta que no será la violencia la que “los llevara a la solución, pero sí es muy urgente que se sienten a tomar los acuerdos”.

La alcaldesa de origen tzeltal ha denunciado que por las presiones políticas y la violencia, y a fin de que retornara la tranquilidad municipal, en 2016 solicitó licencia al cargo, pero cuando los integrantes de la Comisión Permanente de Paz y Justicia asumieron “ la paz no volvió. Fue cuando más hubo expulsiones de familia, cortes de servicios básicos y 496 niños se quedaron sin clases; al haberlo hecho presidente el Congreso Estatal, Òscar Gómez López debió sumar a los habitantes y no expulsar , tampoco convocó al cabildo.

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