El juez que procesó al ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés (2009-2015) por defraudación fiscal equiparada tiene una semana para cumplir con el amparo que le fue concedido al ex mandatario y con el que la defensa busca invalidar cualquier acusación.

El juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal ordenó que el fallo por el que Padrés fue liberado por lavado de 8.8 millones de dólares, pero que confirmó su auto de formal prisión por defraudación fiscal, quedara sin efectos y ordenó dictar una nueva resolución.

En la nueva determinación el juez penal deberá identificar si la querella por defraudación fiscal forma parte de la averiguación previa consignada por la PGR y señalar si Hacienda requirió con anterioridad a Padrés para comprobar el recurso lícito de sus ingresos o si le dio oportunidad de hacerlo en algún momento previo a la presentación de la querella por defraudación fiscal.

Si el juez penal decide invalidar las acusaciones por lavado de dinero y defraudación fiscal, el ex mandatario sólo tendría pendiente el proceso de lavado de dinero que se sigue en su contra en el Estado de México.

Y sus ex funcionarios... Elementos de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportaron a Roberto Romero López, ex secretario de Gobierno en el sexenio de Guillermo Padrés, y lo entregó a autoridades de Sonora en el recinto fiscal Puerta de México, en la frontera de Nogales.

Romero López es acusado de ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias cometidos en contra de Sagarpa utilizando una empresa de la cual fungía como socio mayoritario y presidente del consejo de administración.

Tras la entrega, el ex funcionario fue trasladado de la frontera de Nogales al Reclusorio Número 1 de Hermosillo, donde fue presentado ante un Juez de Control para responder por las imputaciones; sin embargo, las acusaciones no están tipificadas como delitos graves, por lo que podría llevar el proceso en libertad.

Romero López estuvo arrestado en el Centro de Detenciones de Eloy, en Phoenix, y presentó cuatro amparos para evitar su aprehensión cuando fuera deportado de Estados Unidos, pero la Fiscalía Anticorrupción obtuvo una suspensión provisional.

En tanto, el Juez Décimo de Distrito en la entidad dictó condena a Valentín Castillo Garzón, ex director de la Auditoría Fiscal en la administración de Guillermo Padrés, por su responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, informó la delegación de la PGR.

El fallo establece una pena de seis meses de prisión ordinaria y 100 días de multa, la suspensión de sus derechos políticos y civiles, así como destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo público.

El ex funcionario cuenta con nueve procesos penales en el sistema tradicional, seis causas penales en el nuevo sistema de justicia penal y ocho autos de formal prisión. Se le han iniciado nueve carpetas de investigación en su contra, de las cuales seis se judicializaron y tres se encuentran en trámite.

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