La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Sonora para dar con el paradero de 682 niños cuyos trámites de adopción presentaron irregularidades.

Los hechos documentados por la CNDH, y que pudieran ser constitutivos de tráfico de menores, ocurrieron entre 2009 y 2015, durante el mandato del ex gobernador panista Guillermo Padrés Elías.

De acuerdo con el organismo, las irregularidades son atribuibles a servidores públicos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; del DIF; de la Procuraduría General de Justicia estatales; del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en Hermosillo, Sonora.

Según la dependencia, derivado de las imprecisiones en los informes proporcionados por el DIF estatal se desconoce el paradero de 682 niños. Además, dicha autoridad no exhibió la documentación para acreditar que fueron cumplidos los requisitos legales en la adopción de otros 110 niños.

A servidores de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del estado de Sonora se les atribuye la suposición, supresión y tráfico de 22 menores de edad. Además de la dilación e irregular integración de las averiguaciones previas de la suposición, supresión y tráfico de 18 niños.

Para la CNDH, personal del IMSS incurrió en violación al derecho de la identidad de 17 menores cuyos certificados de nacimiento fueron expedidos con datos falsos respecto de la identidad de sus madres biológicas.

También documentó que el ministerio público se desistió, ilegalmente, de la acción penal en contra de 13 probables responsables. La casa hogar Unacari omitió denunciar y, en su caso, localizar a tres niños que fueron sustraídos por sus padres biológicos.

Por ello, recomendó a la gobernadora, Claudia Pavlovich y al IMSS reparar los daños a los padres biológicos de los niños víctimas de tráfico y a quienes resulten víctimas de trámites irregularidades en las adopciones.

Requirió a la mandataria para que en tres meses, el DIF estatal con la participación del Comité de Protección del Menor y la Familia, integre un grupo interdisciplinario que analice la situación de los 22 menores separados de su familia de origen; así como de los casos en los que se determine un trámite indebido en la adopción de los 682 infantes.

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