“Elección, en una crisis de régimen político”: Alberto Olvera, investigador y politólogo

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La elección concurrente de 2018 se desarrolla en una crisis de régimen político, afirma el investigador y politólogo de la Universidad Veracruzana, Alberto Olvera Rivera.

La designación del Presidente, senadores, diputados federales, locales y en algunos casos gobernadores, tendrá enfrente un sistema político fragmentado y en crisis; ciudadanos sumidos en el hartazgo por la corrupción e inseguridad, así como con un árbitro electoral con poca legitimidad “colonizado” por el PRI y el resto de los partidos políticos, resalta.

“Elección, en una crisis de régimen político”: Alberto Olvera, investigador y politólogo

PRI y su régimen, en crisis

Con libros publicados en países como México, Argentina, Brasil, Colombia, Nicaragua y Estados Unidos, Olvera Rivera detalla que el ordenamiento constitucional básico se conserva, y que sobre todo el PRI logró adaptarse a la pérdida de la Presidencia de la República después de que fuera su eje articulador del régimen.

“En pocas palabras, perdió la Presidencia, pero no el poder… lo conservó a través del control del Poder Legislativo federal, de las mayorías de las gubernaturas y las alcaldías del país”, afirma.

Si bien expone que el Revolucionario Institucional no tenía un liderazgo establecido, en ausencia del Presidente se resolvió ese problema a través de otras alianzas.

Además, expone que el régimen no cambió, tampoco, en cuanto a las bases de sustentación social. El régimen corporativo sindical continuó “vivito y coleando”.

El poder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del Sindicato de Trabajadores Petroleros, del Sindicato de Electricistas y de todos los gremios del sector público se conservó bajo líderes de antaño.

Sin embargo, si bien el PRI logró conservar sus estructuras de poder y fragmentarlo a través de gobernadores, poderosos sindicatos y liderazgos sociales, afirma que la corrupción y los malos gobiernos hicieron crisis en este nuevo sistema de control.

“Elección, en una crisis de régimen político”: Alberto Olvera, investigador y politólogo

Ciudadanos inermes ante partidos
El proceso electoral, agrega, enfrentará a ciudadanos francamente hartos de la inseguridad y corrupción.

“Los ciudadanos buscarán empíricamente a quien ofrezca terminar con estos males centrales para ellos”.

De tal forma, adelanta, todos los candidatos “van a ofrecer resolver estos problemas, pero la cuestión es la credibilidad”, expone.

López Obrador ofrece terminar con la corrupción, pero —señala— carece de propuestas; en tanto, difícilmente le van a creer al PRI.

“Y el PAN y PRD lamentablemente no tienen candidatura creíble”, por lo que es posible que esto fragmente el voto en beneficio del tricolor.

El especialista en Teorías de la Sociedad Civil y de la Innovación Democrática afirma que se vislumbra un voto útil y estratégico, “es decir, si se quiere realmente terminar con el reinado priísta, van a votar por López Obrador porque sería la única forma de quitarse de encima al PRI”.

Aunque, dice, que si el PRI logra fragmentar el voto mantendrá la Presidencia en 2018.

En términos generales, dice, los ciudadanos están inermes frente al sistema político y a partidos que se autonomizan de la sociedad y operan en función de sus intereses propios.

En México, afirma, es clarísimo este fenómeno en el PAN–PRD, PRI; mientras que Morena, aunque institucionalmente está anclado a la sociedad, no significa que tenga libertad, pues “es un partido personal, de López Obrador”.

Un INE inoperante

El especialista, quien también fue miembro del  Comité Técnico de la Comisión de Educación Cívica del IFE  (2005- 2006), alertó que el Instituto Nacional Electoral ha perdido la legitimidad por dos razones: la primera porque la ley que lo rige es compleja, llena de retrueques. “Es una ley con huecos, trampas, con tantas instancias de resolución de conflictos que el INE es incapaz de aplicar adecuadamente”, subraya.

Y la segunda, porque el instituto “está colonizado por el PRI”, pero también por los otros partidos (PAN–PRD), “por lo que está lejos de operar como un instrumento que garantice legalidad a la ciudadanía.

“Es decir, es un árbitro de partidos. No es un árbitro ciudadano electoral, sino un órgano institucional de arbitraje de conflictos entre partidos”.

El cambio en su naturaleza, señala el experto, ha conducido a que el instituto pierda legitimidad precisamente porque está muy lejos de los intereses de la ciudadanía.