Documento confirma que alcalde de Aquila no fue notificado por la PGR

Documentos en poder de EL UNIVERSAL evidenciaron que el presidente municipal José Luis Arteaga no fue notificado sobre una presunta comparecencia ante la PGR por razones que tampoco vienen especificadas en el supuesto citatorio
Fotos: Especiales
06/11/2017
18:42
Carlos Arrieta / Corresponsal
Morelia, Michoacán
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Documentos en poder de EL UNIVERSAL evidenciaron que, tal como lo afirmó a este medio de comunicación el presidente municipal de Aquila, José Luis Arteaga Olivares, no fue notificado por la Procuraduría General de la República para que compareciera por razones que tampoco vienen establecidas en el supuesto “citatorio”.

Luego de que un medio de comunicación local publicara que el alcalde de ese municipio de la Sierra-Costa michoacana había sido requerido para comparecer ante la PGR, el edil de extracción perredista señaló enfático que no ha recibido ninguna notificación.

Lo anterior se pudo corroborar en el documento con fecha del 25 de octubre de este 2017 emitido por la PGR, mismo que fue alterado a mano y en el que no aparece la firma y número de documento oficial con el que el alcalde haya sido notificado.

En el oficio relacionado a la Carpeta de Investigación FED/MICH/MLM/00015302017 los espacios de nombre, hora, fecha y firma, así como número de identificación oficial y nombre de quien la expide, aparecen en blanco, ya que nunca fue notificado el edil.

Contrario a lo que establece el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el “citatorio” firmado por Tania Jaqueline Rangel Villaseñor, agente del Ministerio Público de la Federación, no señala las presuntas acusaciones o delitos por los que supuestamente fue requerido José Luis Arteaga y cinco personas más.

Además de que el mismo documento de la causa 628 de este año 2017, exhibe que fue alterado con bolígrafo.

En una primer versión del oficio, solo aparece el nombre del presidente municipal de Aquila y, en otra de las copias, fueron escritos a mano los nombres de Cemeí Verdía Zepeda, Héctor Navarrete Zepeda, fundadores de las autodefensas en los municipios de Santa María Ostula y Coahuayana.

Asimismo, fue agregado a mano alzada el nombre de Germán Ramírez Sánchez, ex comandante de las autodefensas en Aquila, así como Luis Donaldo Tolentino López y Santiago Aquino Flores, de las guardias comunitarias de Caleta de Campos.

Ambas versiones de los documentos (la original y la manipulada) suscritas por la PGR, señalan que el requerimiento fue emitido por Eduardo Castillo Robles, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Michoacán.

A pregunta expresa, el edil michoacano esperó que esta filtración no sea la respuesta de la delegada de la PGR en Michoacán, Berta Paredes Garduño, por el acompañamiento que le ha dado el alcalde a José Manuel Mireles Valverde en su proceso penal por delitos federales.

“Espero que no sea tal cosa, porque entonces no puede haber justicia en una sociedad, cuando realmente ha sido manchada desde las altas esferas”, puntualizó.

Entrevistado por este medio de comunicación, Cemeí Verdía Zepeda cuestionó la manera en la que quiso manejar la PGR el documento que, confirmó, tampoco le fue entregado, así como al resto de las personas que aparecen en él.

“Yo quiero pensar que es una jalada que nada más están inventando (la PGR). De esa cosa no sé ni que pinche onda, pero, hay que ponernos a pensar que ya vienen las elecciones y eso tiene preocupados a políticos otra vez”, señaló.

El comandante de la guardia comunitaria de Santa María Ostula acusó que se trata en ese sentido de una persecución política de la cual, confió, saldrá librado porque no tiene nada que temer.

Verdía Zepeda adelantó que ojalá esta persecución no se trate del interés de grupos de crimen organizado infiltrados en algunas políticas para apoderarse por esa vía nuevamente de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcomán, de la que los delincuentes fueron desterrados.

“Esperemos que no sea así, porque sería muy lamentable. Cómo es posible que un juzgado federal se preste para eso, porque ya vez que el crimen organizado se metió en todos los asuntos (de gobierno) en años anteriores”, enfatizó Verdía Zepeda.

Cemeí reprochó que el documento haya sido alterado y cuestionó: “cómo es posible que las instituciones de justicia hagan este tipo de acciones y cómo quieren que confiemos en ellas cuando no pueden ni si quiera rectificar legalmente un documento de estos”.

“Hay que esperar y hay que ver esa situación, pero yo espero que quien elaboró ese documento tenga fundamentos de algo, porque si no es lamentable que la institución siga corrompida y fabricando cosas que no son”, sostuvo.

afcl

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