El pleno del Congreso de Veracruz designó a los magistrados que integrarán el recién creado Tribunal de Justicia Administrativa, la mayoría de ellos gente allegada al gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Durante sesión ordinaria, los legisladores -con el voto en contra de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)- dieron luz verde a los nombramientos propuestos por el mandatario, entre los que se encuentra su secretario particular.

Los nuevos magistrados son Pedro José María García Montañez , quien ocupó la secretaría particular del gobernador en octubre del 2016 cuando el mandatario, aun electo, presentó a la primera parte de su gabinete.

Además se designó a Estrella Iglesias Gutiérrez, jueza de control y procedimiento penal adscrita al Juzgado de Pacho Viejo, responsable de conocer los procesos penales contra ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte.

También vinculó a proceso al líder de "Los 400 Pueblos", César del Ángel Fuentes, tras ser acusado de los delitos de incitación a cometer un delito, apología del delito, estragos y motín ocurridos en junio de 2016.

El congreso nombró a Luisa Samaniego Ramírez , quien se desempeña como jueza del Juzgado Octavo de lo Familiar en el Estado de Veracruz, y quien es gente cercana al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez, amigo personal del mandatario.

También a Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez , quien fue director de Asuntos Jurídicos del alcalde Américo Zúñiga Martínez, lo que le impidió ser consejero del OPLE y ex agente del Ministerio Público; además ha sido visitador adjunto de la Dirección General de Quejas y Orientación y Director General en la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como director General en la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación (Segob) del Gobierno Federal.

El nuevo órgano tendrá su residencia en la ciudad de Xalapa y sustituirá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tal como lo refiere el Sistema Estatal Anticorrupción y sus integrantes están en el encargo por diez años.

Su función será la de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; impone sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, así como a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves.

También tendrá la obligación de fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales.

Además, funcionará con cuatro Salas Unitarias y una Sala Superior que conocerán en primera como en segunda instancia, respectivamente; el Magistrado de la Sala Unitaria que conozca en primera instancia no conocerá del asunto en segunda instancia, garantizando imparcialidad en sus resoluciones, conforme a la reforma constitucional de combate a la corrupción.

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