Culpan a PGR de que ex gobernador Rodrigo Medina siga en libertad

El subprocurador especializado en combate a la corrupción, Ernesto Canales, también culpó al Congreso de Nuevo León
FOTO: archivo/ELUNIVERSAL
26/09/2017
18:06
David Carrizales / Corresponsal
Monterrey-Nuevo León
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El subprocurador especializado en combate a la corrupción del gobierno de Nuevo León,  Ernesto Canales Santos, culpó a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Congreso local, por el hecho de que el ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz está en libertad, a diferencia de los ex mandatarios de Sonora, Veracruz y Quintana Roo, que actualmente están en prisión.

Al dar a conocer ante los medios de comunicación un balance del trabajo realizado por la fiscalía especializada, a unos días que Jaime Rodríguez Calderón cumpla dos años en la gubernatura del estado (4 de octubre), Canales afirmó que se ha vinculado a proceso a más de 30 ex servidores públicos, como parte de una lucha contra la corrupción que; afirmó, no se ha dado en ningún otro estado de la República.

Como parte del informe denominado “Terminan cien años de impunidad en Nuevo León”, citó en una lista de “diez logros”, el encarcelamiento por 19 horas del ex mandatario estatal, Rodrigo Medina, puesto en libertad por órdenes de un juez federal, bajo el argumento que el juez de control que dictó la medida cautelar, violó una suspensión de amparo.

Cuestionado por qué hay tres ex gobernadores presos, los de Sonora, Guillermo Padrés; de Veracruz, Javier Duarte y de Quintana Roo, Roberto Borge,  mientras el ex mandatario de Nuevo León, Rodrigo Medina está libre, ante esta situación Ernesto Canales expresó; que en dichos casos  fue la PGR la quien los metió a prisión “y aquí en Nuevo León, casualmente la PGR es la que ha impedido al gobierno del estado meter a Medina la cárcel, ustedes tienen que hacer sus propias conclusiones”, asevera Ernesto Canales.

"La PGR no nos da la información, no la da completa, son procesos muy tardados y no sólo eso, si no que atacan al juez local cuando toma una decisión (contraria al ex mandatario). Si un juez después de una audiencia de 17 horas toma una resolución fundada en un criterio jurídico razonado y que presenta en público, la PGR unas horas después consigue en una decisión de un juez federal, para que dé marcha atrás a esa decisión del juez local, sin considerar ningún elemento nuevo ni diferente a los que se habían planteado en la audiencia referida”; agregó Canales.

Canales, también señaló que la fiscalía no ha tenido fallas; “Estoy convencido que son motivos políticos por la PGR y en el caso del Congreso local es entendible que no les caiga en gracia el que estemos juzgando a sus correligionarios”.

En dos comparecencias ante los diputados, se hizo un especial énfasis para pedirles que se sumen al esfuerzo anticorrupción, que ciertamente son poseedores de información valiosísima para que se acerquen a la fiscalía y así construir los casos penales y no esa no ha sido su reacción.

“Sus únicos acercamientos han sido para denunciar a miembros del mismo Congreso como venganzas políticas y no como afán de combatir la impunidad, está claro dónde están los intereses de ellos”,  asegura el funcionario.

Y en lo que respecta a la PGR, comentó; “Me ha llamado la atención, no lo esperaba, no pensé que fuera a tomar una posición partidista en este conflicto, es lamentable para mí como abogado, la única explicación es que está siendo instrumento de intereses políticos y preocupa que se preste a este tipo de funciones”.

También afirmo que esta situación ha provocado también que hasta el momento no haya una sola imputación en contra de empresarios involucrados en actos ilícitos relacionados con el anterior gobierno,  debido a la falta de acceso a los datos bancarios.

“Sabemos dónde está el sobreprecio, podemos calcular por peritajes o dictámenes que un contrato se celebró con una sobrevaluación, sabemos que ese dinero salió del estado y entró a la empresa, lo que no sabemos es qué hizo la empresa con ese sobreprecio y si es que ese dinero regresó al funcionario público que otorgó el contrato".

Gema Chávez, fiscal adscrita a la Subprocuraduría Anticorrupción dijo; que en los próximos 15 días están agendadas más de diez audiencias de formulación y de solicitudes de vinculación a proceso de diversos ex funcionarios y empresarios que recibieron contratos de manera indebida.

Otras diez audiencias, están solicitadas para formular cargos contra algunos ex funcionarios que ya son clientes, que serán acusados por primera vez, y hasta habrá algunas sorpresas por señalamientos en contra de ex servidores públicos del gobierno de Rodrigo Medina que ahora se desempeñan como diputados, a los tres empresarios que se pretende imputar son por cantidades que suman los diez millones de pesos.

Hasta el momento el único ex funcionario que permanece en prisión es el ex director de Ejecución de Obras Públicas, Agustín Téllez Velázquez, porque dijo tener domicilio en Monterrey,  pero mostró una credencial expedida en el estado de Puebla.

Al dar a conocer el resumen del trabajo de la Subprocuraduría, Ernesto Canales señaló que las más de 30 vinculaciones que han logrado, son una muestra que “con voluntad política se puede combatir la corrupción, sin el apoyo del Congreso, pues los diputados quieren frenar este esfuerzo para proteger a sus partidos políticos y la Procuraduría General de la República está interesada en sacar al ex gobernador Rodrigo Medina y sus cómplices sin pena, a costa de violar la división de poderes”; dijo Chávez.

“El trabajo que realiza Nuevo León, nunca antes se ha llevado a cabo en el país, actualmente investigamos más de 200 denuncias de corrupción y si no hay más imputaciones es porque no hemos logrado construir los casos penales de forma tal que tengamos una razonable seguridad de que los jueces los aceptarán con suficiente mérito para proceder penalmente”, afirma Gema Chávez.

En ese sentido, dijo que,  todos los casos que han presentado para imputación , los jueces la han concedido y que con Rodrigo Medina, se rechazaron dos imputaciones que se concedieron en los meses siguientes al llegar nuevos elementos de prueba.

Cuestionado el por qué no incluyó en el informe el caso de los 200 mil cobertores que adquirió esta administración al triple de su valor, expresó fue porque no se pudo demostrar delito alguno, pero fue un mérito lograr la devolución de la tercera parte del monto del contrato. “Si tuviéramos ese mismo éxito en los 80 mil millones de pesos de obra pública que contrató en seis años el gobierno de Medina, estaríamos recibiendo en las arcas del gobierno del estado, cerca de 30 mil millones de pesos”.

Admitió que actualmente además del caso de las cobijas, sólo han conseguido recuperar de lo presuntamente desviado, 7.5 millones de pesos que tomó del erario la ex alcaldesa panista de Monterrey, Margarita Arellanes, para defenderse legalmente en caso de que resultara acusada de malos manejos financieros al final de su gestión.

“Estamos contentos con los resultados, desde luego nos hubiera gustado no enfrentar los obstáculos que hemos tenido: las suspensiones de amparo, la falta de acceso a las informaciones financieras y fiscales por parte de las autoridades federales y a la acción penal de la PGR contra un juez local (que encarceló a Medina), y que mandó un mensaje de miedo a todos los demás jueces que no se ajusten al criterio de la PGR; por eso alabamos a los jueces de Nuevo León que no se han dejado amedrentar por este ataque”, finalizó Chávez.

kcp 

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