Culiacán.— Los habitantes de la sindicatura de Jesús María (ubicada a sólo 49.7 kilómetros al norte de la capital del estado), donde fuerzas federales, en un operativo quirúrgico, lograron recapturar a Ovidio Guzmán, aún reclaman la reposición de sus pérdidas en enseres y por daños en sus viviendas.
El activista en derechos humanos y exómbudsman estatal, Óscar Loza Ochoa, visitó esta zona, donde sus habitantes permanecieron desde la madrugada del día 5 de enero por más de 12 horas refugiados en sus hogares, sin luz eléctrica, agua potable y comunicación, y asegura que aún recoge testimonios escalofriantes de lo que vivieron y de las secuelas que padecen.
“Uno de los mayores reclamos es que el Ejército se retire de esa zona. Para ellos su permanencia es intimidatoria, se sienten acosados, vigilados, como si todos los que viven en las pequeñas rancherías y poblados estuvieran relacionados con actividades ilícitas”, afirma el activista.
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Ese planteamiento ya fue expuesto al propio gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, el cual ofreció a los pobladores gestionar ante el presidente Andrés Manuel López Obrador la salida de los militares de esa región, pero no se ha dado una respuesta en ese sentido; los elementos permanecen en vigilancia continua.
Desde su punto de vista, el Estado ya desplegó programas de ayuda con despensas, cobertores, ropa, tinacos de agua, estufas, refrigeradores y muebles, dañados por impactos de bala, e incluso, con indemnizaciones a propietarios de vehículos destruidos, por lo que el segundo paso es retirar del lugar al Ejército.
“Uno de los puntos vitales que no se pueden descuidar es la atención de los niños, quienes aún tienen frescas en su memoria las escenas de los continuos combates armados que se escenificaron por varias horas entre grupos armados y el Ejército; es ahí, donde la asesoría sicológica es vital”, considera.
Los daños por los sucesos del segundo Jueves negro aún no dejan varios hogares. Es el caso de Luisito “N”, de 14 años de edad, quien está hospitalizado en Culiacán con graves secuelas en su salud por las lesiones que sufrió por armas de fuego.
Loza Ochoa externa que aún se tienen casos de adultos mayores que por sus condiciones y carencias económicas no lograron salir a ser atendidos por heridas de bala, por lo que personal de salud tuvo que brindarles asistencia en sus hogares.
Como miembro fundador de la figura de ómbudsman (no gubernamental) comenta que este segundo hecho que volvió a colocar a la sociedad en calidad de rehenes nos dejó una enseñanza muy negativa: “Las autoridades no salieron a dar la cara, sólo a través de mensajes en redes sociales recomendaron no salir de los hogares.
“Estos eventos repetitivos exigen que las autoridades diseñen manuales de comportamiento social ante futuras eventualidades de violencia que se vuelvan a presentar, como sucede en muchas escuelas, donde maestros están capacitando a sus alumnos para saber qué hacer ante una contingencia que ponga en riesgo sus vidas”, recomienda el activista.
“No es un deseo, es una realidad, los grupos delictivos van a continuar con sus actividades y en cualquier momento pueden generar nuevos hechos de violencia, por lo que la sociedad debe estar preparada para reaccionar en forma positiva”, subraya.
“Cuentan con miniejércitos”
Para el activista de derechos humanos y exómbudsman estatal, en los dos culiacanazos (el 17 de octubre de 2019 y el 5 de enero de 2023) lo que se vio es que los grupos delictivos cuentan con un verdadero miniejército adiestrado, capacitado y dotado de armamento sofisticado y unidades con blindajes para hacer frente al Estado.
Óscar Loza expone que es prematuro evaluar la secuela que traerá consigo la captura de Ovidio Guzmán López, ocurrida en un operativo federal en la sindicatura de Jesús María, en Culiacán.
A un mes de un segundo Jueves negro, cuya fuerza de reacción de los grupos armados que despojaron de vehículos en siete municipios en un intento por rescatar a Ovidio Guzmán, “lo que se exhibió fue una especie de organización tipo militar, con hombres dotados de armamento sofisticado”, según observó.
Con amplia experiencia en temas de seguridad, a un mes del nuevo suceso de violencia que volvió a cimbrar la capital del estado y municipios cercanos, su percepción es que los grupos delictivos están retraídos y las fuerzas federales mantienen una discreta presencia, sólo en las entradas y salidas de Culiacán.
Sin embargo, permea en el ambiente una sensación de intranquilidad, ante las continuas versiones sin fundamento que se divulgan en redes sociales, sobre una supuesta presencia de convoy de personas armadas o de enfrentamientos.
El luchador social y miembro fundador hace más de cuatro décadas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (no gubernamental), de la cual aún forma parte, advierte que mientras no se desarticule la red financiera que este grupo delictivo ha tejido por más de 50 años, su sobrevivencia está garantizada.
“Su permanencia como fuerza delictiva está basada en la adaptación, con el paso del tiempo, a reglas no escritas, a aceptar altas y bajas en sus negocios, desde pérdidas de cargamentos de drogas o de mandos en sus estructuras, o triunfos en conquistas de nuevos territorios de control”, considera Loza Ochoa.
A su juicio, los eventos de violencia más cruciales que han trastocado los cimientos de la paz social vinculados con hechos relacionados con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, no han sido tomados en cuenta por las autoridades federales, estatales y municipales para preparar a la sociedad sobre cómo actuar para protegerse.
Evoca que, por primera vez en la historia de Sinaloa, los festejos del Día de las Madres, en mayo de 2008, fueron celebrados en silencio, en reclusiones en los hogares, ante el temor de salir a las calles por el reciente asesinato en Culiacán de Édgar Guzmán López, lo que desató versiones de que se desataría una “guerra”.
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