Tijuana.— El arroyo Alamar, uno de los pulmones naturales de Tijuana y área de descanso para aves que siguen su ruta migratoria desde Canadá, está a punto de desaparecer. Ha sido rellenado ilegalmente con escombros por particulares, sin que ninguna autoridad intervenga.

En la última semana fueron presentadas dos denuncias, una en la Dirección de Auditoría, Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Sea) en Baja California, y otra ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); sin embargo, activistas señalaron que desde hace años alertaron del delito ambiental.

Hasta hace algunos años este sitio, localizado en la zona noreste de Tijuana, era un oasis verde con un cauce natural que desemboca en el mar mexicano y estadounidense, con un ecosistema que persiste entre la basura y los desechos.

“La flora y fauna de este lugar, el arroyo mismo, clama que lo dejen existir… ni siquiera pide que vengan y lo arreglen, sólo que lo dejen existir porque con sólo dejar de arrojar los escombros, el ecosistema se regenera como una herida que sana sola, así de resiliente y sabia es la naturaleza”, alertó Magdalena Cerda, coordinadora del colectivo de Salud y Justicia Ambiental.

La activista alertó que diariamente llegan camiones con escombros de concreto y material de construcción que descargan sobre el arroyo, el cual cada vez pierde más espacio. No obstante, el mayor problema son las sustancias tóxicas que absorbe la tierra, llegan hasta el manto acuífero y contaminan el agua que utilizan los residentes.

Lee también:

A lo largo del arroyo, pedazos de madera, varillas y cementos flotan sobre el agua, mientras un par de patos canadienses nadan alrededor, los esquivan y siguen su curso. Otra ave de mayor tamaño intenta parar a beber agua, pero en medio de su camino se topa con una montaña de desechos que le impiden alimentarse, vuelve a tomar vuelo y de nuevo intenta comer.

El artículo 416 del Código Penal federal dice que “se impondrá pena de uno a nueve años de prisión, y de 300 a 3 mil días de multa, al que ilícitamente descargue, deposite o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente”.

El artículo 421 dice que se impondrán como penas “la reparación y, en su caso, la compensación del daño al ambiente, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental”.

También la Ley de Aguas Nacionales dice en su artículo 19, fracción 14, que “la autoridad del agua sancionará a quien deposite… cualquier contaminante, en contravención a las disposiciones legales, en ríos, cauces, vasos, lagos, lagunas, esteros, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, o infiltrar materiales y sustancias que contaminen las aguas del subsuelo”.

Adrián Valdés, del Instituto de Estudios para la Sustentabilidad, del Cetys Universidad, explicó que aun cuando el arroyo Alamar es responsabilidad federal, desde 2012 el Periódico Oficial de Baja California publicó un convenio para que el gobierno estatal se hiciera responsable del resguardo del sitio.

Activistas señalan que a diario llegan camiones con escombros y los 
 descargan en este sitio. Señalan que el problema ya tiene varios años, pero nadie interviene. Foto: AIMEE MELO/EL UNIVERSAL
Activistas señalan que a diario llegan camiones con escombros y los descargan en este sitio. Señalan que el problema ya tiene varios años, pero nadie interviene. Foto: AIMEE MELO/EL UNIVERSAL

“El problema es que no ha existido coordinación de los tres órdenes de gobierno para solucionar un problema grave, ni la Federación para intervenir en un delito ambiental, ni el estado para proteger y evitar las descargas, ni el municipio para revisar los permisos o quiénes son los responsables de las toneladas arrojadas al arroyo”, expuso.

Valdés detalló que desde hace más de 15 años una red ambiental —integrada por distintos colectivos, organizaciones ambientales y activistas— trabaja en catalogar el arroyo como área protegida para la conservación y promoción de la educación ambiental.

Mónica Vega Aguirre, secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California, confirmó que tanto el estado como el municipio tienen conocimiento del problema. Indicó que hace una semana visitaron el lugar y acordaron la realización de un operativo.

Durante la elaboración de este reportaje, se documentó que el acceso al arroyo fue cerrado con una reja y que camiones aún ingresan para desechar escombros en el área.


Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Comentarios