Buscan incluir justicia para migrantes desaparecidos en México

Las desapariciones y ejecuciones de personas que migran es uno de los puntos que han puesto sobre la mesa de discusión las organizaciones civiles del bloque latinoamericano durante la reunión preparatoria del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular que se realiza en Puerto Vallarta, Jalisco.

“En los lamentables casos de desaparición y ejecución de personas migrantes, es necesario el compromiso de los Estados para lograr el cruce masivo de información con fines de localización e identificación de personas, por lo cual es fundamental la creación de bases de datos transnacionales unificadas con información genética y antemortem”, indica el documento que han presentado para la discusión en esta fase del proceso del pacto.

En México, datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) indica que desde 2002 a la fecha la PGR lleva 126 casos de extranjeros desaparecidos en 11 entidades, la mayoría guatemaltecos (33), hondureños (27), salvadoreños (26) y colombianos (21).

La cifra podría ser mayor, pues según las organizaciones civiles del Bloque Latinoamericano, México, cofacilitador del Pacto Global sobre Migración, “sigue ignorando las desapariciones y ejecuciones de migrantes en el país sin garantizar el acceso a la justicia de sus familiares”.

Alejandra Nuño, directora ejecutiva adjunta de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, una de las 60 organizaciones civiles que pudieron participar en la reunión de Puerto Vallarta y que lleva casos como el de la masacre de 72 migrantes ocurrida en 2010 en San Fernando, Tamaulipas, dijo que para la redacción del pacto se plantea el acceso a la justicia, pero implica algo tan grade que es necesario precisar algunas cosas.

“Como organizaciones mexicanas y parte del bloque latinoamericano proponemos que el derecho a la justicia debe verse desde una perspectiva diferente, como una justicia transnacional; queremos un cambio de paradigma en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia para migrantes desaparecidos y asesinados, con la atención a las familias de ellos, con la memoria, la verdad y la reparación”, indicó.

Nuño reconoció que en México se ha logrado crear un mecanismo de protección exterior que se incluyó en la Ley de Desaparición Forzada y permite que en cualquier embajada o consulado mexicano se reciba la denuncia de una persona migrante desaparecida en territorio nacional.

“Pero las embajadas no entienden cómo funciona bien el mecanismo y siguen repitiendo esquemas burocráticos que retrasan las investigaciones; además, hay incongruencia del gobierno mexicano en la asignación de recursos para que esto funcione, pues en 2018 sólo designó un millón de pesos a la Unidad de Atención a Migrantes de la PGR”, criticó.