Bloqueos en Morelia concluyen con enfrentamientos; hay 15 detenidos

Agremiados y trabajadores del CNTE, fueron desalojados con la fuerza pública, lo que generó "choques" entre policías e inconformes; los inconformes exigen que les sean cubiertos los más de 370 mdp que les adeudan del fondo de pensiones
Foto: Cortesía de Francisco Sotomayor
07/11/2017
14:35
Carlos Arrieta
Morelia, Michoacán
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Tras cinco horas de movilizaciones, agremiados de los diferentes sindicatos de los tres poderes del estado e integrantes de la Sección de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), fueron desalojados con la fuerza pública de las calles y avenidas, lo que generó una serie de enfrentamientos que dejaron al menos 15 personas detenidas.

Los bloqueos de las arterias viales, así como de las cuatro entradas de la capital michoacana, son derivados del plan de acciones con el que los más de 50 mil trabajadores exigen que les sean cubiertos los más de 370 millones de pesos que les adeudan del fondo de pensiones.

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Mientras los trabajadores de base de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial cerraron calles y avenidas y tomaron edificios públicos, la CNTE bloqueó los cuatro accesos a la ciudad, para exigir el pago total del adeudo que por desfalco tienen las autoridades estatales con el sistema de pensiones.

En respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública implementó un operativo para que, con el uso de la fuerza pública, fueran liberadas las entradas a la ciudad, lo que originó al menos tres enfrentamientos.

El primero desalojo se llevó a cabo en la salida a Salamanca, donde se registraron dos encontronazos y en los que los elementos de la SSP detuvieron a cerca de 15 manifestantes de la CNTE, tras propinarles una golpiza, como se aprecia en uno de los videos grabados a la hora de su detención.

Otro de los enfrentamientos tuvo lugar en Avenida Periodismo y Madero Poniente, en el que los policías lanzaron gases lacrimógenos contra los integrantes de la CNTE hasta replegarlos.

El ala magisterial disidente y los delegados sindicales de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, condenaron el uso de la fuerza pública para acabar con las manifestaciones.

Esta movilización, sin precedentes, fue confirmada desde el pasado lunes, luego de que la autoridad estatal les propusiera solamente “abonarles” una parte que el gobierno adeuda con la clase trabajadora a través de su sistema de pensiones, a pesar de que sí les realizaron los descuentos a
su nómina.

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Rogelio Andrade Vargas, líder del Sindicato de Trabajadores Al Servicio del Poder Legislativo (Stasple), informó, que el objetivo principal es que el gobierno del estado pague lo que le adeuda a la Dirección de Pensiones Civiles del estado.

El líder sindical del Poder Legislativo, señaló que ese adeudo es de cerca de 370 millones de pesos y se ha disparado a más de 400 millones por los intereses generados, lo que afectó a los más de 50 mil contribuyentes al fondo de la Dirección de Pensiones.

Entre los cerca de 50 mil trabajadores afectados y sus familias, agregó, están 7 mil jubilados y pensionados.
Rogelio Andrade, dijo que, incluido el monto que les descuentan por concepto de préstamos, las aportaciones de los contribuyentes al fondo de la
Dirección de Pensiones son aproximadamente 80 millones de pesos a la quincena.

Informó que el director actual de Pensiones Civiles del Estado, Ignacio Ocampo Barrueta, les ofreció hace un par de semanas, en una modificación al presupuesto, reembolsar al fideicomiso 20 millones de pesos y 70 mdp más para préstamos.

Andrade recordó que los agremiados de los tres sindicatos no cuentan con Infonavit y que la única institución financiera que les da créditos es la Dirección de Pensiones, por lo que ha crecido la presión de los trabajadores, ante la decisión unilateral de Ignacio Ocampo, de cerrar ventanillas, acusó.

“Pero eso no nos resuelven nada, al contrario, nos genera más problemas, porque en un día normal en la Dirección de Pensiones se prestan más de 7 millones de pesos tan solo en corto plazo, faltaría incorporar los otros créditos y no nos alcanzaría ni para una semana el recursos que está proponiendo el director”, enfatizó el líder del Stasple.

Explicó que esos 70 millones en lugar de bajar las presión de los agremiados, les conflictúa más con sus compañeros, porque tendrían que determinar a quién sí se le darán préstamos y a quién no, porque todos tienen derecho.

Andrade Vargas, recordó que si bien no es un adeudo que se haya generado en su totalidad en esta administración, los compromisos son institucionales “y si el gobierno del estado tiene un adeudo de lo que sea, lo tiene que resolver”.

DESFALCO HISTÓRICO

Esos recursos comenzaron a desaparecer del fideicomiso que “administra” la Dirección de Pensiones Civiles del Estado desde el año 2010, a pesar de que sí les fueron descontados a los trabajadores de su cheque mecanizado de nómina. 

La crisis por corrupción inició en el gobierno del exgobernador Lázaro Cárdenas Batel, pero aumentaron con Leonel Godoy Rangel quien le heredó a la administración de Fausto Vallejo Figueroa en 2011, un adeudo de más de 337 millones de pesos.

En mayo del 2014, el desfalco al fideicomiso ya había incrementado a 440 millones de pesos, de acuerdo al líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Antonio Ferreyra Piñón.

El dirigente sindical refirió que la afectación financiera en ese rubro a la clase laboral, es que ya se registró un déficit mayor en términos reales, porque ya no se generan ganancias por concepto de intereses financieros.

Ferreyra Piñón dijo a EL UNIVERSAL en diciembre del 2015 que la falta de pagos al fideicomiso creció hasta en 500 millones de pesos durante el periodo  como gobernador sustituto de Salvador Jara Guerrero (20 de junio de 2014 al 30 de septiembre de 2015).

Salvador Jara –actual subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública­–, fue impuesto como mandatario sustituto en el estado por el entonces excomisionado “para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán”, Alfredo Castillo Cervantes.

Antes de dejar el cargo, los trabajadores paralizaron gran parte de las oficinas públicas y le exigieron a Jara Guerrero que cubriera el dinero, por lo que se vio obligado a realizar un pago parcial, con el compromiso –que nunca cumplió- de que no se iría sin liquidar el total.

El gobernador Silvano Aureoles Conejo, reveló, que entre los años 2013–2014 no se pagaron al Fondo de Pensiones 150 millones de pesos y de enero a septiembre del año 2015, 350 mdp más.

Este desfalco de 500 mdp, dijo, lesiona a los trabajadores y está prohibido por la ley, por lo que su administración había destinado 150 millones de pesos al pago de esos pendientes y su gestión no tenía ningún adeudo en ese rubro.

Ese mismo día, el titular de la Secretaría de Gobierno, Adrián López Solís advirtió que a través de las instancias correspondientes ya investigaban los desvíos del fondo de pensiones por el orden de 500 mdp.

El titular de la Dirección General de Pensiones Civiles del Estado, Ignacio Ocampo Barrueta, dio a conocer el 3 de febrero del 2016, cuando se paralizó por primera vez el servicio en ventanillas de esa dependencia estatal, que el adeudo del Poder Ejecutivo a la DGPCE era por un monto
de 518 millones de pesos.

Advirtió que por acuerdo de la Junta de Pensiones en ese mismo mes presentaría la denuncia penal ante la Procuraduría del Estado en contra de quien resulte responsable de ese desfalco. Actualmente no hay detenidos por este hecho delictivo.

cfe

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