​Asociación denuncia a ex tesorero de Roberto Borge

Somos Tus Ojos informó que presentará un recurso penal contra el ex secretario de Finanzas de Quintana Roo del gobierno anterior, Juan Pablo Guillermo Molina, por presunto desvío de recursos
05/09/2017
21:56
Adriana Varillas / corresponsal
Cancún, Q.Roo
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La asociación “Somos Tus Ojos” interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de Quintana Roo, en contra del ex secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina, por el probable desvío de mil 464 millones de pesos captados por el tres por ciento del Impuesto al Hospedaje (IH) que la hotelería cobra a sus huéspedes y que entera al gobierno del estado.
 
Originalmente esos recursos se destinaban a la promoción de los destinos del Caribe Mexicano, pero el gobierno del entonces mandatario, Roberto Borge, modificó la ley para que el dinero fuese centralizado por la Sefiplan y ésta, discrecionalmente, lo destinara a lo que considerase necesario, mientras los fideicomisos de promoción contrajeron millonarias deudas con proveedores de marketing turístico, que aún no se han finiquitado en su totalidad.
 
La periodista, Fabiola Cortés, informó que interpondrá la denuncia penal correspondiente y dio a conocer que el Tercer Tribunal Colegiado, con sede en Cancún, confirmó la sentencia de amparo 725/2016 que un Juzgado le concedió a “Somos Tus Ojos”, en marzo pasado, por el desechamiento de juicio político en contra Guillermo Molina.
 
En entrevista con EL UNIVERSAL, la activista recordó que en abril de 2016 presentó ante la 14 Legislatura Local, una solicitud de juicio político en contra del entonces funcionario, por el presunto desvío de 724 millones 766 mil pesos en 2014 y 739 millones 838 mil pesos, entre enero y septiembre de 2015, correspondientes al Impuesto al Hospedaje, que no se canalizaron a los Fideicomisos de Promoción, engrosaron el adeudo de estos con proveedores y tuvieron un destino incierto, que la Sefiplan se negó a esclarecer.
 
En julio de ese año, el Congreso desechó la petición de juicio político y, al asumir funciones, la 15 Legislatura, ratificó la determinación de su antecesora, lo que motivó que la agrupación promoviera un amparo, el cual fue resuelto a favor de la agrupación, por el Juzgado Sexto de Distrito, en marzo de 2017.
 
El asunto retornó al Congreso para instruirle dar seguimiento a la solicitud de juicio político, notificándole en paralelo a Juan Pablo Guillermo que, como tercer interesado en el juicio de amparo, promovió un recurso de revisión 166/2017 en contra del amparo concedido a “Somos Tus Ojos”, a fin de declararlo improcedente.
 
Sin embargo, al analizar el caso, el Tribunal Colegiado determinó que son improcedentes los agravios planteados por el ex funcionario y ratificó el amparo concedido a “Somos Tus Ojos”, por el Juzgado Sexto de Distrito con residencia en Chetumal.
 
“Es una de las resoluciones más vanguardistas, en términos jurídicos, por la fineza del análisis hecho por el Tribunal, respecto a las causas de improcedencia de un juicio de amparo. Una de las causales por la cual se inconformó Juan Pablo Guillermo es porque en la Ley de Amparo dice que no es procedente el amparo en contra de las legislaturas de los estados y de la Comisión de Justicia.
 
“A sabiendas de que existe esa causal, nosotros presentamos el amparo, argumentando algunas violaciones a Derechos Humanos. El juez reconoció la existencia de la causal de improcedencia, pero precisa que esa restricción aplica solo para el Congreso de la Unión, su Cámara de Diputados y Senadores, no de los Congresos Locales”, explicó.
 
Otra de las conclusiones del Tribunal, fue que se violó el derecho al debido proceso, en perjuicio de la agrupación, razones por las que ratificó el amparo.
 
“Es una resolución muy interesante, muy importante, que nos da la protección más amplia que otorga la Constitución. Es un procedente súper importante, porque se motivó una lectura diferente de un causal que ha existe y el Tribunal hizo una interpretación distinta, con base en tratados internacionales, sumamente interesante.
 
“Lo que dice el Tribunal es ‘sí, con base en lo argumentado por Juan Pablo Guillermo –en este caso- no debió admitirse ni concederse el amparo a nosotros, pero a la luz de la Constitución esa restricción se refiere sólo al Congreso de la Unión, no a las Legislaturas locales”, explicó.
 
Si bien esa batalla parece ganada para la agrupación fundada por la periodista, Juan Pablo Guillermo Molina tiene vigente otro amparo en contra de la 15 Legislatura, que finalmente dio entrada al juicio político promovido en contra del ex funcionario, el cual quedó radicado en el Juzgado Sexto, bajo el número 262/2017, y que está próximo a resolverse.
 
Como parte de los efectos de esa demanda, se concedió a Guillermo Molina una suspensión que frena al Congreso para llevar al pleno la solicitud de juicio político, por lo que este procedimiento se encuentra “congelado”.
 
Al respecto, la entrevistada dijo que seguramente que el fallo será en contra del ex funcionario, pero advierte que éste puede aún interponer un recurso de revisión y alargar el caso, impidiendo la actuación del Congreso, de ahí que la agrupación procederá a la denunciarlo penalmente.
 
“Seguramente va a perder el amparo, en el mismo juzgado en que nos concedieron el nuestro. Está por resolverse y pensamos que lo perderá, pero puede pedir una revisión para alargar los tiempos y congelar el caso en el Congreso”, dijo.
 
Juan Pablo Guillermo formaba parte del “RBA Team”, como el ex gobernador Borge llamaba a su equipo más cercano.
 
Sobre el ex funcionario pesa también una orden de aprehensión obsequiada por un juez de control, en junio pasado, por las irregularidades detectadas en la paraestatal Servicios Aéreos Ejecutivos (VIP Saesa), que involucra también a Borge Angulo y a 10 ex funcionarios más de su administración.
 
Además, tiene investigaciones abiertas por el destino incierto de recursos provenientes de un préstamo millonario solicitado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), dinero que entró y salió al siguiente día de recibido, así como por la contratación y manejo de la deuda de largo plazo, la segunda más elevada del país por habitante.

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