Anexos. Fuente del crimen organizado

Sólo siete de los más de 380 centros de rehabilitación que operan en la entidad trabajan bajo la norma oficial de salud, asegura el jefe de Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Bruno Montesano Castellanos, quien alerta que la mayoría de las clínicas irregulares son manejadas por integrantes del crimen organizado, que las utiliza para reclutar gente.

Señala que de acuerdo con un estudio elaborado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se estima que en la entidad operan más de 380 anexos, de los cuales, la mayoría opera sin cumplir con las normas para su correcto funcionamiento.

Explica que del total de clínicas, la SSM ha mantenido contacto con 101, pero sólo siete se regularizaron y acatan las recomendaciones para cumplir con la Norma Oficial Mexicana 028 SSA2.

En los otros centros, precisa Montesano Castellanos, se trafica droga y también de ahí salen los halcones, que en algunos casos están en las esquinas de calles y avenidas para mantener informado y en alerta al narco.

“Si viene un comando de [fuerzas] federales, agarra el teléfono y avisa; ésa es la función de los halcones y ahí los entrenan. Si lo sé yo, lo saben en Seguridad y lo saben los demás, entonces… ¿por qué no se hace nada”, enfatiza.

Según el estudio, refiere que otra evidencia de la intervención de la delincuencia en los también llamados “anexos”, se observa cuando los organismos de Derechos Humanos solicitan seguridad a los municipios para visitar las estancias; sin embargo, las policías locales niegan el acompañamiento.

Bruno Montesano calcula que en Michoacán hay 450 mil personas con algún tipo de problemas de adicción, de éstas, unas 6 mil están internadas en centros de rehabilitación. El detalle —dice— es que la gente interna a sus familiares con la esperanza de una rehabilitación, pero no se dan tiempo para investigar que el lugar sea adecuado.

A la pregunta de por qué no son clausurados, responde que se mantienen en operaciones —irregulares— porque tienen una estructura perfectamente planeada. “Ellos rentan una casa en 12 mil pesos y meten a 40 pacientes; si les cobraran 4 mil pesos a cada uno son 160 mil pesos mensuales, de lo cual gastan lo de la renta, otro poco en servicios, en alimentos no, porque a la familia le piden despensa”.

El funcionario estatal dijo que ante el fuerte ingreso que representa tener un centro de éstos, quienes los administran rentan más casas para cuando las autoridades les cierren uno de los establecimientos por operar fuera de la ley, se lleven a los adictos a otro inmueble.

Recordó que en uno de estos lugares, ubicado sobre la calle 16 de Septiembre de la colonia Independencia, mataron a un interno. “Entonces avisan que se suicidó, llega el Ministerio Público y en lo que se llevan el cadáver y empiezan a hacer la indagatoria para fincar responsabilidades, [los encargados] agarraron tres camionetas, se los llevaron y pude saber que se cambiaron a Pátzcuaro. Porque tienen casas en todos lados”, narró.

Aceptó que estos centros han surgido en función de la necesidad de las familias por atender a sus adictos, y que las instituciones han sido sumamente rebasadas. Incluso, la Secretaría de Salud federal, desde hace más de 40 años, tiene la necesidad de hacer esto y no ha podido lograrlo con recursos propios.

CEDH inspecciona clínicas

Durante una revisión a los centros y albergues de rehabilitación para el control y tratamiento de adicciones en la entidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reveló que la droga de mayor consumo por la que ingresan es el cristal, seguida de la marihuana y el alcohol.

El informe preliminar del organismo destaca que 80% de los pacientes que son dados de alta de estos centros recaen, por lo que son ingresados nuevamente; es decir, ocho de cada 10 reinciden.

Evidenció que en los mal llamados centros de rehabilitación las condiciones de vida de los pacientes son precarias.

Esta revisión de la CEDH inició en junio pasado en las regiones de Zamora, Lázaro Cárdenas y Apatzingán, para después hacerlo en Uruapan, Zitácuaro, Huetamo y Morelia.

Culpa de la familia

El procurador Martín Godoy no descartó que estos centros sean utilizados como semilleros para robustecer las filas del crimen organizado. Sostuvo, que el tema de la descomposición social tiene que ver con la falta de educación de los jóvenes, quienes empiezan por desobedecer a los papás y luego se integran a la sociedad, donde fuman, se embriagan, se drogan y delinquen.

Consideró que mientras la sociedad genere este tipo de jóvenes, este problema va a continuar.

“Entonces, es un error estar volteando a ver a la autoridad, al juez, al Ministerio Público y a la policía, para preguntarles qué está pasando, cuando tenemos una juventud que ha sido abandonada en el tema de educación y cultura”, mencionó.

El mismo mal

En septiembre pasado, 18 personas fallecieron cuando un grupo armado irrumpió en un centro de rehabilitación para adictos a las drogas Grupo Uniendo Familias, en la ciudad de Chihuahua.

Los agresores son presuntos miembros de Los Aztecas —una célula del Cártel de Juárez— y utilizaron rifles AK-47, mientras que las víctimas pertenecen a la organización Mexicles, ligada a Gente Nueva, del Cártel de Sinaloa.