Acusación contra el 'Cuau' es una “niñería”, dice su abogado

estados@eluniversal.com.mx

Cuernavaca.— El proceso ordinario sancionador que ordenó el Consejo Estatal Electoral (CEE) contra el edil Cuauhtémoc Blanco Bravo, por presuntamente recibir 7 millones de pesos a cambio de ser el candidato del PSD a la alcaldía de Cuernavaca en 2015, fue desestimado por Cipriano Sotelo Salgado, abogado del actual alcalde. El acuerdo es una “niñería” y resulta improcedente, dijo.

Lo que buscan, presumió Sotelo, es entorpecer el registro como candidato a la gubernatura de Cuauhtémoc Blanco Bravo.

El proceso también fue dirigido contra José Manuel Sanz, representante del ex futbolista; el Partido Socialdemócrata (PSD) y los hermanos Julio y Roberto Yáñez Moreno, el primero diputado local y el segundo ex titular de la Secretaría de Gobierno con Blanco y autor del contrato de prestación de servicios, que dio origen a la denuncia.

—¿Firmó Blanco Bravo el contrato de prestación?

—Está fuera de lugar decir si lo firmó o no. Hay tres peritajes en la fiscalía y dos manifiestan que es la firma de Cuauhtémoc Blanco.

—¿Y ahora qué harán con el procedimiento en su contra?

—Acataremos la ley. Esperamos que las fiscalías resuelvan lo más pronto posible para darle certidumbre a la ciudadanía en los comicios.

La consejera presidenta Ana Isabel León Trueba precisó que el procedimiento contra el alcalde no interfiere en su registro como candidato a gobernador, mientras que el Partido Encuentro Social (PES) anunció que su candidato acudirá el domingo al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) para ser registrado.

Algunos consejeros que votaron a favor del proceso, como Jaime Arias Casas, afirmaron que la última palabra la tienen las instancias que investigarán si el ex fubtolista violentó la ley electoral. “Sólo integramos algo así como la carpeta de la investigación y creemos que el ciudadano [Cuauhtémoc Blanco] probablemente transgredió el principio de las elecciones libres, auténticas y periódicas”, dijo.

El acuerdo del CEE fue turnado a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a la fiscalía estatal y a la Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la PGR. En esta última se sigue otro proceso contra el Cuau por tramitar su credencial de elector con documentos presuntamente obtenidos con datos falsos, como los años de residencia y el domicilio donde vivía.

El caso no es nuevo y desde la campaña política para las elecciones de junio de 2015 era un secreto a voces que Blanco Bravo había recibido 7 millones por alquilarse como candidato; sin embargo, el señalamiento fue público hasta agosto de 2016, cuando Roberto Yáñez exhibió el contrato de prestación de servicios.

En el expediente del CEE se lee que en noviembre de 2016, la Secretaría Ejecutiva del Impepac certificó que no existían diligencias pendientes por desahogar en esa investigación y por tanto la cerró, pero nunca le dio parte a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, cuya instancia le requirió el fallo en enero pasado y por eso retomaron el caso.

Hay consejeros que juzgan que este elemento podría salvar a Blanco Bravo, bajo el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo asunto.