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Rarámuris, con la ley de su lado

Indígenas logran que la Suprema Corte ampare sus derechos territoriales contra el Fideicomiso de Barrancas del Cobre

Chihuahua es uno de los estados más afectados por la sequía. Este problema, aunado a la falta de servicios, afecta gravemente a la población rarámuri de Huetosachi, que desde hace varios años enfrenta otro problema: la construcción de un complejo turístico en las Barrancas del Cobre. Luis Cortés / EL UNIVERSAL

En esta región vive la gobernadora rarámuri María Luisa Cruz, quien tiene que trasladarse a pie hasta una poza de agua sucia para recoger agua en envases de plástico. Luis Cortés / EL UNIVERSAL

María Luisa, en mancuerna con su sobrina María Monarca, ambas co-gobernadoras de Huetosachi, lograron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ampare sus derechos territoriales indígenas contra el Fideicomiso de Barrancas del Cobre. Luis Cortés / EL UNIVERSAL

La sentencia establece que el Fideicomiso, que ya invirtió mil millones de pesos en infraestructura turística durante 12 años, debe crear el Consejo Consultivo Regional en el que Huetosachi decida sobre inversión social en su beneficio. Luis Cortés / EL UNIVERSAL

María Teresa Guerrero, de la Consultoría Técnica Comunitaria, destaca que es la primera sentencia que da la Corte a favor de una comunidad indígena en el caso de un megaproyecto turístico y sienta antecedentes para otras comunidades del país. Luis Cortés / EL UNIVERSAL

Con la sentencia, a las poblaciones rarámuris o tarahumaras se les garantizaría su derecho a ser consultadas en los Planes de Desarrollo, que decidieran sobre inversión social en su beneficio y que las obras turísticas respetaran sus territorios y recursos naturales. Luis Cortés / EL UNIVERSAL

Rarámuris, con la ley de su lado

VIAJE. María Luisa Cruz, gobernadora del lugar, recorre con sus nietos 10 kilómetros para acarrear agua para el consumo. (Foto: LUIS CORTÉS )

Miércoles 11 de julio de 2012 Laura Castellanos | El Universal
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estados@eluniversal.com.mx

(ÚLTIMA DE TRES PARTES)

La proeza cotidiana de la gobernadora rarámuri María Luisa Cruz inicia esa tarde en Huetosachi, Chihuahua, a 10 kilómetros del complejo turístico en construcción en las Barrancas del Cobre. A la abuela con rostro de mujer águila le toma dos horas llevar agua de una poza sucia en envases de plástico.

La indígena sale con su carretilla de la comunidad que alberga a 16 familias sin agua, luz eléctrica, transporte , servicios de salud. La escoltan sus hijos Salomé y Cándido, de seis y ocho años de edad. Salomé tiene calentura y los ojos enrojecidos.

Atraviesan la carretera que parte un paisaje castigado por la sequía y se internan en una propiedad privada con una poza enlamada, sobrevolada por moscas y mosquitos. En un descuido de la madre, la niña sacia su sed, se refresca la cara. “¡No lo hagas!”, la regaña. El agua de beber la obtienen de otra poza distante.

Esta rarámuri analfabeta conquistó otra proeza —de alcance nacional— que debe revertir su marginación extrema: en mancuerna con su sobrina María Monarca, ambas cogobernadoras de Huetosachi, lograron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ampare sus derechos territoriales indígenas contra el Fideicomiso de Barrancas del Cobre.

La sentencia del ministro Salvador Aguirre Anguiano, el 12 de marzo de 2012, establece que el fideicomiso —que invirtió mil millones de pesos en infraestructura turística en 12 años— debe crear el Consejo Consultivo Regional en el que Huetosachi decida sobre inversión social en su beneficio.

María Teresa Guerrero, de Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), organización no gubernamental que acompaña jurídicamente a las mujeres, destaca: “Es la primera sentencia que da la Corte a favor de una comunidad indígena en el caso de un megaproyecto turístico y sienta antecedentes para otras comunidades”.

El ministro Aguirre respaldó la argumentación jurídica de Contec que apela al artículo segundo constitucional sobre los derechos territoriales, de información y consulta de los pueblos indígenas, recogidos también en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El especialista en derechos indígenas Francisco Bárcenas puntualiza que con esta resolución la Corte legítima a las comunidades indígenas y a sus autoridades para que acudan a tribunales “sin necesidad de ser ejidatarios, y les reconoce sus derechos aunque no sean posesionarios”.

Sentencia histórica

A la letra, el fallo de la Suprema Corte obliga al gobernador de Chihuahua, César Duarte; a la secretaria de Turismo federal, Gloria Guevara; al Congreso de Chihuahua; al ayuntamiento de Urique, así como al Fideicomiso a conformar el referido Consejo para que “actúe como un órgano de planeación para los efectos de lograr un desarrollo equilibrado, justo y sustentable, de la zona de influencia del fideicomiso, asegurando la participación de la comunidad quejosa”.

EL UNIVERSAL solicitó una entrevista con el ministro Aguirre, pero la declinó bajo el argumento de que no las concede desde hace una década.

La sentencia ordena que el fideicomiso cumpla con el decreto aprobado por el Congreso en 1997, en el que se conformaría dicho Consejo.

Así, a las poblaciones rarámuris o tarahumaras se les garantizaría su derecho a ser consultadas en los Planes de Desarrollo, que decidieran sobre inversión social en su beneficio y que las obras turísticas respetaran sus territorios y recursos naturales.

Si bien el Fideicomiso se creó hace 16 años, las obras del complejo turístico a su cargo iniciaron hace 12, en los que invirtió en infraestructura de servicios urbanos en Creel y Divisadero, tres estaciones de tren remodeladas, un teleférico e instalaciones comerciales en obra negra.

En contraste, dice Guerrero, nada se invirtió en las poblaciones indígenas: “En 16 años de creado el Fideicomiso a éstas no se les ha dado oportunidad de decir lo que quieren”.

El fideicomiso, a través de Sergio Grajeda, responsable del área jurídica, responde que sí creó el Consejo y sesionó de 1997 a 2000. Pero cuando se le pide que muestre las actas de la participación de las comunidades tarahumaras, no las presenta. “Físicamente no las tenemos a mano”, dice.

No obstante, el ministro Aguirre aseveró en la sentencia: “…del análisis de las constancias que obran en autos, no se advierte documento que compruebe la existencia del mencionado Consejo Consultivo Regional”.

Grajeda niega que haya indolencia del fideicomiso al no haber inversión en infraestructura en los pueblos rarámuris de Barrancas del Cobre.

Expone: “Juzgar la falta de resultados o la materialización de beneficios de un proyecto que está en su etapa de desarrollo, es un poco prematuro”.

Derechos ancestrales

La mujer con rostro de mujer águila se levanta de su asiento y pasa al frente de la asamblea. Ella, segunda gobernadora, y su sobrina, primera, son las únicas autoridades femeninas en la sesión que reúne a siete gobernadores y una veintena de habitantes de tres comunidades del municipio de Urique: Huetosachi, Mogotavo y Bacajípari.

En la reunión convocada por Contec, realizada en una casa comunitaria de Bacajípari, se solicita que en cada comunidad se elija a su representante para el Consejo a crearse.

La abuela ya había escuchado a la gente de Bacajípari denunciar que los hoteles contaminan sus ojos de agua, y a la de Mogotavo, situado en una meseta que desemboca en el desfiladero, denunciar que en su territorio se busca hacer un campo de golf. La prioridad de Mogotavo es resolver su litigio.

La segunda gobernadora interviene largamente en rarámuri, con actitud grave y firme les dice: “somos poquitos y no podemos estar separados”. Un hombre de Mogotavo alega. Ella lo mira duramente, enfatiza con la mano: “Debemos estar juntos en esta lucha”. Todos la respaldan.

Por su parte, las gobernadoras de Huetosachi interpusieron otro juicio civil en defensa de la titularidad del predio de suelo agreste donde viven. El asentamiento lo fundaron los antepasados de la primera gobernadora, pero en la década de los años 50 la dependencia Terrenos Nacionales otorgó el predio a la familia Elías Madero.

Con las obras del teleférico iniciadas en 2008, los Elías quisieron despojar a Huetosachi de su territorio.

Cercaron a las 16 familias, las amenazaron, y un guardia tiroteaba desde lejos la casa del líder de la comunidad, Pedro Moreno, y a su hijo de 10 años cada vez que regresaba de la escuela.

Pedro Moreno murió en un accidente y los 61 pobladores nombraron a la primera y segunda gobernadora para que defendieran Huetosachi.

Las dos, con la ayuda de Contec, en 2010 interpusieron un juicio civil por la titularidad de 247 hectáreas que está por resolverse estos días.

Simultáneamente, también interpusieron el juicio contra el Fideicomiso para exigir la creación del Consejo. Un juez de distrito lo rechazó, por lo que solicitaron a la Corte atraer el caso.

La abogada de Contec, Alma Chacón, enfatiza que la Suprema Corte reconoció los derechos de Huetosachi a ser informada, consultada y obtener servicios básicos sólo por su calidad indígena, “aunque no cuente con un título de propiedad”.

Cumplimiento observado

Esa mañana, el caminar de la abuela rarámuri es pausado porque además de Salomé, lleva a su nieta de tres años. La pequeña, al igual que Salomé, también tiene calentura y los ojos rojos. La mujer no puede trasladarlas al médico porque le costaría 500 pesos el viaje a Creel, que está a 40 minutos.

Las tres tardan hora y media en caminar desde Huetosachi al complejo turístico. No hay un solo transporte público. Ni taxis. Lleva a vender su cestería, su única forma para mantener a su familia: dos hijas, una sobrina y siete infantes.

Su cestería la hace con las hebras largas y delgadas del follaje de los pinos. Las colorea al remojarlas en agua con crepé y las teje primorosamente. “Vendo 10, 20 o 100 pesos en fines de semana que hay turismo”, cuenta.

Llegan a las instalaciones del teleférico que tuvo un costo de 250 millones de pesos, pero los vigilantes les impiden la entrada. De ahí caminan 40 minutos a la estación del tren Divisadero. Ponen un puesto de venta en espera del último tren de las tres de la tarde. Aunque es sábado, asoman escasos turistas que prefieren los artículos chinos que están expuestos. Sin venta alguna, la tarahumara y las niñas enfermas caminan de regreso a casa.

El gerente del Fideicomiso, Armando Cárdenas, estima que les tomará alrededor de dos meses crear las bases de la convocatoria y el esquema operativo del Consejo, el cual deberá ser “una herramienta de planeación y de decisión de las inversiones”. Considera que en el Consejo estarán representadas alrededor de 27 comunidades indígenas del corredor de Creel a Barrancas del Cobre.

Contec asegura que son más las comunidades beneficiadas en nueve municipios por la resolución de la Corte. La organización se mantiene observante: “Está por verse cómo se va a ejecutar la sentencia”, advierte.



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