ACAPULCO. La Contraloría General de Guerrero investiga inicialmente las conductas de 24 servidores públicos involucrados en los sucesos del 12 de diciembre pasado en los que murieron dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa, para determinar responsabilidades administrativas y las sanciones que correspondan, de acuerdo con su grado de participación, informó el contralor Julio César Hernández Martínez.

Precisó que estas responsabilidades están relacionadas con no haber prestado auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas de algún delito; no haber actuado con la decisión necesaria para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, y haber utilizado armas de fuego innecesariamente.

Asimismo, dijo, haber tolerado y realizado actos de tortura o acciones crueles; no haber utilizado los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las instituciones de seguridad pública, y no haber conformado las pruebas e indicios de hechos delictivos o de faltas administrativas.

Hernández Martínez aseguró que las responsabilidades de cada uno de los involucrados se determinarán con transparencia, imparcialidad y objetividad, independientemente de que, en su caso, sean acreedores de otro tipo de sanciones.