TENOSIQUE. Unos 300 Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Policía Federal (PF) desalojaron con violencia a más de un centenar de guatemaltecos, en su mayoría niños, que se refugiaban en la comunidad Nuevo Progreso, donde se instalaron hace cuatro meses al ser desplazados por militares de su país que incendiaron su comunidad La Esperanza, al acusarlos de servir al narcotráfico.

Ante el violento operativo, diversas organizaciones como el Centro Prodh y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos acusaron que las autoridades mexicanas violaron las garantías de los desplazados, incurrieron en tratos crueles e inhumanos y detuvieron a más de 70 personas de forma arbitraria, por lo que demandaron que se garantice su seguridad y que no sean repatriados.

El director del Centro de Derechos Humanos Usumacinta, Fray Tomás González, informó que alrededor de las 4:00 horas de ayer, servidores públicos federales y locales arribaron al campamento en el que residían 36 familias —alrededor de 260 personas, entre ellos 115 menores de edad.

“Los federales cerraron la carretera y cercaron el lugar donde la estrategia fue detener primero a los menores de edad para que los adultos no se dieran a la fuga, sin embargo, como 70 personas lograron huir”, dijo.

Añadió que los agentes no permitían la salida de los habitantes del lugar, para evitar que dieran aviso a defensores de derechos humanos.

Según testimonios, citó en un comunicado el Centro Prodh, las autoridades que arribaron al campamento “comenzaron su desmantelamiento con lujo de violencia (…), lo que implica un trato inhumano y la posible comisión de ilícitos para los funcionarios”.