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Concordia: mina de oro a debate

Especialistas, académicos y empresarios se oponen al proyecto de la empresa canadiense Vista Gold, que pretende explotar la riqueza áurea en terrenos de amortiguamiento de la reserva Biosfera Sierra de la Laguna, con el argumento de que afectará su salud y al medio ambiente.Pobladores del distrito El Triunfo-San Antonio apoyan la obra, porque ven oportunidades de emplearse, pese a que reconocen riesgos de contaminación en el agua, que de por sí es escasa en la entidad. La discusión sobre los efectos de esta actividad está pendiente en el Congreso local
Concordia: mina de oro a debate

INCONFORMIDAD. El pasado 16 de enero, alrededor de 9 mil personas se congregaron en una playa de Los Cabos para manifestar su rechazo a la mina Concordia. (Foto: GLADYS RODRÍGUEZ EL UNIVERSAL )

Lunes 14 de marzo de 2011 Gladys Rodríguez Corresponsal | El Universal
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LA PAZ

La operación del proyecto Paredones Amarillos, de la empresa canadiense Vista Gold y que ahora es denominado Concordia —una mina de oro a cielo abierto en la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna—, despierta de nueva cuenta voces que advierten afectaciones al medio ambiente, riesgos a la salud y repercusiones en las actividades productivas, como la agricultura orgánica y el turismo.

En contraparte, el gerente del proyecto, Héctor Araya Muñoz, insiste en que la compañía canadiense tiene en regla las autorizaciones de impacto ambiental y que consolida un plan “más amigable” con el ambiente, postura que es apoyada por otro sector de la población que habita el distrito El Triunfo-San Antonio, históricamente de vocación minera, que sería beneficiado con la generación de empleos.

A la polémica, abordada en foros, consultas y en el Congreso local, se suma la falta de definición de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para otorgar los terrenos para su conservación, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desechó en febrero pasado el permiso de cambio de uso de suelo, único trámite que requiere la compañía para iniciar los trabajos.

El delegado de la Semarnat en Baja California Sur, Marco Antonio González Vizcarra, señala que la empresa cuenta con autorización de impacto ambiental desde 1997, con vigencia hasta 2012, con la condición de que obtuviera también autorizaciones de protección al área natural protegida y de los cambios de uso de suelo.

Sin embargo, la institución desechó el trámite de solicitud de cambio de uso de suelo por no acreditar la propiedad de los terrenos, pues gran parte de ellos son predios nacionales, además, solicitados en 2008 por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para que formaran parte de la reserva.

Con el inicio de los trabajos de la XIII Legislatura local, programado para el 15 de marzo, este tema cobra relevancia, pues las recientes reformas a las leyes de Equilibrio Ecológico y de Desarrollo Económico, así como de Desarrollo Sustentable, se encuentran detenidas, luego de establecer “candados” para el proyecto Concordia y lineamientos para otros desarrollos en la entidad.

Mientras se define la propiedad de los terrenos y se concretan o no las reformas de ley impulsadas en el Congreso local en contra de este tipo de proyectos, Vista Gold afirma que ha realizado una reingeniería y asegura que desarrollará prácticas sustentables, con moderna tecnología.

El gerente Araya Muñoz niega que impulse una obra tóxica, en cambio, dice, es un proyecto minero que generará trabajo y con ello una mejor calidad de vida. Según afirma, se prevé la creación de 400 empleos directos en su fase de construcción; 300 en la fase de operación y se estiman además mil 200 empleos indirectos.

Concordia implica una inversión total estimada en 217 millones de dólares y un gasto operacional de 485 millones de dólares, del cual 77.3% se realizará en México.

En su plan para reducir riesgos está la construcción de una desalinizadora para proveerse del agua que necesita la operación de la mina, así como la edificación de una presa de jales para el depósito de desechos, diseñada para asegurar su contención y estabilidad.

Añeja oposición

Las primeras muestras de rechazo surgieron en el pueblo mágico Todos Santos —55 kilómetros al sur de La Paz—, luego de que en 2009 organizaciones civiles se constituyeron para evitar avances en el proyecto ante la posible contaminación de la principal fuente de agua para la región, así como impactos en el turismo en la zona.

Mediante campañas informativas, la oposición a la mina se extendió, incluso a Los Cabos, en donde recientemente unas 9 mil personas se congregaron en la playa para formar un “SOS” con letras humanas, a manera de protesta por la intención de que se extraiga oro a cielo abierto en la porción sur de la península de Baja California.

La difusión de los riesgos ha generado un fuerte rechazo hacia la actividad, insistiendo en que el proyecto es riesgoso para las comunidades e incompatible con la conservación del medio ambiente, en este caso de la Biosfera Sierra de la Laguna, decretada en 2003 Patrimonio de la Humanidad.

Representantes de la población, incluidos científicos y autoridades, ven en la instalación de la mina otros factores de contaminación del agua, que se sumarían a las filtraciones de arsénico en pozos —producto de actividades mineras anteriores— o por heces fecales, y daños por intrusión salina, en una entidad que de por sí resiente ya la escasez del líquido.

El proyecto se ubicaría en el histórico distrito minero El Triunfo-San Antonio, el más importante y antiguo del estado, en donde se dieron las primeras actividades mineras en 1748. La zona pertenece a la delegación de San Antonio, municipio de La Paz. Se pretende que opere en terrenos de amortiguamiento de la reserva Sierra de la Laguna, aproximadamente en 400 hectáreas, en las cuales se excavará hasta conseguir un tajo de un kilómetro de largo por 250 metros de ancho, con una profundidad máxima de 220 metros —la Torre Mayor en la ciudad de México mide 230 metros.

La operación de la mina, según explica el gerente Héctor Araya Muñoz, sería por 10.5 años, tiempo en el que se produciría alrededor de un millón 300 mil onzas de oro. Además, para obtener 11 mil toneladas de mineral por día se habrá de procesar un total de 37 mil toneladas de material.

Durante los años de explotación se prevé el traslado y utilización de 50 toneladas de cianuro por semana para procesar y conseguir el oro por el método de lixiviación, uno de los puntos centrales de rechazo, ante la eventual contaminación del agua por las sustancias tóxicas expuestas en el aire.

Los opositores —entre ellos, especialistas, académicos, empresarios, legisladores y autoridades municipales y estatales— refieren que existe un alto riesgo de contaminación del agua por la zona en que se ubicaría la mina y la utilización de cianuro para recuperar el oro del resto del material removido.

Arturo Cruz Falcón, especialista en geofísica de exploración y geohidrología, opina que los escurrimientos con material tóxico que se produzcan irán a parar a las aguas subterráneas, de manera que el líquido que llega a las comunidades agrícolas de Todos Santos —en la costa del océano Pacífico— y ejidos aledaños estaría en riesgo de contaminación, pues en el subsuelo los flujos toman distintas direcciones dependiendo de los niveles de agua.

Cruz Falcón, científico del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, añade que la contaminación en los mantos freáticos podría aparecer dentro de medio siglo y comprometer así la disponibilidad de agua dulce de las generaciones futuras.

Investigación en marcha

La organización civil Niparajá, a su vez, en coordinación con la asociación Guardianes del Agua, realizan un estudio para conocer los niveles de contaminación por arsénico en la zona de Los Planes, al este de La Paz.

Según los resultados preliminares, parte de los pozos en esta región tiene concentraciones de arsénico por arriba de la norma y muy probablemente esta contaminación está relacionada con la actividad minera de años atrás en El Triunfo y San Antonio.

En entrevista, el director de la organización, Roberto López Espinosa de los Monteros, señala que están por integrar el documento con las conclusiones finales; sin embargo, enfatiza que a la poca disponibilidad de agua y al problema de contaminación, incluso por intrusión salina, en los acuíferos del sur de la entidad —particularmente de La Paz— “son suficientes como para agregarle un factor más de contaminación... sería gravísimo”.

Otros riesgos que advierten los especialistas son los problemas asociados al levantamiento de polvo con partículas de arsénico y metales pesados.

De acuerdo con un estudio realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur, el viento puede levantar las partículas de polvo considerando una velocidad de viento desde los 20 kilómetros por hora. La situación empeoraría al registrarse vientos mayores, como los ocasionados por huracanes, muy comunes en la zona.

La presidenta municipal de La Paz, Rosa Delia Cota Montaño, y el gobernador Narciso Agúndez Montaño han expresado su rechazo al proyecto, al considerar que, según estudios de centros de investigación y educación superior, existen altos riesgos de contaminación de los mantos freáticos, por los procesos de producción de oro que contempla la empresa.

El titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, José Gajón de la Toba, expresa que la explotación de oro a cielo abierto es una actividad “de alto impacto ambiental, ya que se infiltran al subsuelo sustancias químicas de alta peligrosidad como el ácido sulfúrico, cianuro, arsénico, cobalto, plomo y zinc, lo que atenta contra la ecología del lugar y la salud de las familias”.

A lo anterior se añade el riesgo que representaría la mina para la actividad de los productores orgánicos de la zona de Los Cabos, Todos Santos, Pescadero, Melitón Albáñez, Santiago y Las Cuevas, pues perderían la certificación internacional con la que cuentan.

“Al conocer el riesgo de contaminación ambiental con productos químicos tan nocivos, países como Estados Unidos y Japón retirarían dichas certificaciones, significando la quiebra para todas esas empresas y dejando sin empleo a miles de familias”, sostiene.

Elena Moreno, empresaria turística en Todos Santos, expresa que si hay algo que llama la atención a los miles de visitantes que llegan año con año a la entidad, “son los recursos naturales que lo hacen ser un estado único”.

“Tenemos una calidad de vida envidiable. Tenemos cuatro sitios que son Patrimonio de la Humanidad, hay países que no tienen uno solo. Contamos con fauna y flora que no existe en ninguna otra parte del mundo. Hay que entender que un proyecto como éste vendría a impactar en el turismo del que dependemos. Ahí tenemos de muestra cómo nos afectó el asunto de la influenza”.

Agrega: “Tenemos altos niveles de seguridad, de tranquilidad, debemos demostrar también que tenemos un lugar sano. No somos cualquier estado, vivimos de la sustentabilidad y las minas de oro no son compatibles”.

Minera promueve empleo

A la fecha, la minera Vista Gold continúa sus planes de operación. Desarrolla una campaña de acercamiento con las comunidades, sobre todo aquellas que se encuentran en los alrededores de la zona y que cuentan con un pasado histórico vinculado a la minería, con los pueblos que quedaron abandonados desde 1958, cuando el distrito minero quedó prácticamente paralizado.

Ahí buscan conseguir el apoyo de los pueblos para impulsar de nueva cuenta el desarrollo; lo han conseguido con alguna parte de la población, que refiere la necesidad de empleo padecido por muchos años y que reprocha la falta de proyectos, recursos y orientación para aprovechar la riqueza del paisaje y el legado minero.

El delegado de San Antonio —una comunidad de apenas 650 habitantes—, Ramón Eleno Sánchez Fausto, refiere que el pueblo está a favor de los proyectos mineros en la región porque no tienen fuentes de empleo.

“Es un trabajo pesado —reconoce—, pero son los únicos que han venido. Lo que ocupamos es trabajar y ellos son la única opción de momento”.

 



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