Desde julio pasado, organizaciones sociales del municipio y estado exigían el cierre definitivo de la empresa extractora de barita, a la que acusan de contaminar el ambiente, las tierras de cultivo y provocar la desintegración y conflictos de las comunidades.

Las manifestaciones de rechazo arreciaron luego que el 27 de noviembre fue asesinado el activista Mariano Abarca Robledo, quien organizaba a los habitantes contra la mina.

La Secretaría del Medio Ambiente y Vivienda del estado (Semavi) informó que la clausura de la minera “deriva por la apertura de nuevos caminos sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental y las emisiones a la atmósfera por partículas suspendidas.

“La extractora de barita incurría en la desviación de cauces y escurrimientos naturales, además de cambio de uso de suelo en una superficie importante”, detalla el informe.

Ayer, personal de la Secretaría del Medio Ambiente y Vivienda acudió a las instalaciones de la mina, donde realizó la clausura legal mediante la colocación de sellos en los accesos, la maquinaria y equipos.

Detenidos, los homicidas

El pasado viernes, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) arrestó a los presuntos homicidas del dirigente comunitario e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Mariano Abarca, asesinado a balazos en la cabecera municipal de Chicomuselo. En el atentado fue lesionado su acompañante, Orlando Velázquez Rodríguez.

La Procuraduría informó que los presuntos homicidas son Caralampio López Vázquez y Jorge Carlos Sepúlveda Calvo, empleados de Black Fire Exploration México, además de Ricardo Antonio Coutiño Velasco.

Sepúlveda Calvo es acusado de la autoría material del crimen.

Mariano Abarca fue uno de los principales líderes en la lucha contra el consorcio minero, asentado en la comunidad Grecia.

Organizaciones sociales, como Rema, grupos indígenas y defensores de derechos humanos, mantienen su exigencia del retiro definitivo de la mina y el cierre de proyectos de extracción.

Aseguraron que las mineras no respetan derechos humanos de lugareños, a quienes ni siquiera consultan; se otorgan permisos sin los estudios adecuados de impacto ambiental y destruyen recursos naturales.

Piden cierre definitivo

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas celebró la clausura de la mina de barita y pidió que la medida sea definitiva.

En un boletín, emitido por el centro que preside el obispo emérito Samuel Ruiz, consideró que es urgente que se tomen medidas para garantizar que en el futuro no se instalen este tipo de empresas “para evitar daños al medio ambiente como sucedió en la región de Chicomuselo, con la explotación minera de la empresa Blackfire”.

El centro solicitó que “cese la criminalización de los defensores, así como la estigmatización y represión a la protesta civil organizada y pacífica para evitar muertes como la de Mariano”.